Susuclumil, Chis., 8 de diciembre.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) acudió a las tierras bajas de Tila, en la zona norte del estado, a escuchar y recoger los testimonios y denuncias de los indígenas víctimas de la guerra de baja intensidad. La escalada bélica encubierta, organizada por el gobierno federal desde 1995, por años corrió a cargo del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, con respaldo de todo el aparato gubernamental, militar y policiaco, y un silencio mediático ensordecedor. Sus efectos resultaron de largo alcance y llegan hasta hoy.

Emiliano Martínez Pérez fue emboscado en su milpa en Masojá Grande el 10 de septiembre de 1996, se sabe que por vecinos priístas de Paz y Justicia. Su viuda Faustina Torres, quien afirma seguir en la resistencia, educó cinco hijos ella sola, y 17 años después no sólo ve impune el asesinato de Emiliano, sino que nunca le ha sido devuelta la parcela que los asesinos se apropiaron desde entonces. Siendo mujer, ni la consideran las autoridades ejidales. En conjunto, es un crimen perfecto, y más si la intención era desarticular al entorno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a pesar de existir una Ley de Paz para el diálogo y la Reconciliación que el gobierno violó sistemáticamente en la zona chol desde el día que la firmó.

La escalada de la guerra contrainsurgente en Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto del Agua contrapunteó sospechosamente los diálogos de paz en San Andrés de 1995 y 1996. Las masacres y depredaciones a mano armada contradecían la verdadera intención negociadora del gobierno de Ernesto Zedillo. El incumplimiento de los acuerdos lo confirmaría.

Durante la conmovedora reunión en poblado de Susuclumil, sobrevivientes de la zona norte presentaron decenas de casos individuales, las Abejas documentaron la escalada en Chenalhó en 1997 hasta la masacre de Acteal, y hablaron testigos de la masacre de Viejo Velasco Suárez en 2006 en la selva Lacandona. Pedro Faro, del Frayba, entregó a los jueces del TPP un amplio informe de la guerra de baja intensidad en Chiapas: “Después de 19 años del levantamiento del EZLN, todo parece cumplirse conforme a lo establecido en los manuales para el combate a la insurgencia. Los manuales desarrollados por la Sedena, ‘Plan de Campaña Chiapas 94’ y ‘Chiapas 2000’, se siguen aplicando”.

Faro expuso que archivos desclasificados en Washington corraboran lo sostenido por víctimas y sobrevivientes sobre la creación de grupos paramilitares. En 2009, la investigadora Kate Doyle dio a conocer documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en los que se describe el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas. Los cables secretos confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades simpatizantes del EZLN.

En un telegrama enviado a la DIA el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de EU en México señala el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas. Los documentos desclasificados describen “una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia (Humint)’ creados a mediados de 1994 con la aprobación del presidente, Carlos Salinas de Gortari, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para promover grupos armados anti zapatistas”; eran capitanes y sargentos que los entrenaban y protegían de los arrestos de la policía o las unidades militares que patrullan la región.