Lo menos importante en la reforma político-electoral recién aprobada por la Cámara de Diputados son las demandas y participación de los ciudadanos, así como las propuestas que mejoren las instituciones democráticas. En una evaluación general, puede decirse que se trata de un retroceso en la transición de México a la democracia.

Coinciden en lo anterior los investigadores Enrique Gutiérrez Márquez, de la Universidad Iberoamericana, y Pablo Javier Becerra Chávez, de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa. Dicen además que la principal beneficiada con dichos cambios es la clase política, en especial las burocracias partidarias, que conservarán y ampliarán privilegios y prerrogativas presupuestales.

Becerra Chávez considera un retroceso el cambio del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral (INE), pues el primero era una de las piezas centrales de la transición mexicana, pero el cambio fue una ocurrencia del PAN y el PRD con la idea de, por ejemplo, eliminar la influencia de los gobernadores en comicios locales.

Comenta que el tema de la nulidad de comicios podría parecer un avance, pero lo ve muy problemático, ya que se estableció como causal que el candidato ganador haya rebasado el tope de gastos de campaña en al menos 5 por ciento.

Será muy difícil hacer una fiscalización inmediata, pues además se disminuye el tiempo entre la elección y la rendición de protesta. Otra causal es recibir recursos de procedencia ilícita o comprar de manera simulada cobertura en los medios de comunicación, pero, ¿cómo probarlo?.

Menciona como otro aspecto negativo la no inclusión de la segunda vuelta electoral, a la que, al parecer, el PRI tuvo miedo. En coincidencia con Gutiérrez Márquez, refiere temas básicos para los ciudadanos que no fueron abordados, como la consulta ciudadana, las candidaturas independientes o la iniciativa popular. Uno de los puntos positivos, considera Becerra Chávez, es la introducción de la relección de legisladores.

Gutiérrez Márquez destaca que el INE favorecerá a la clase política y centralizará el poder mediante atribuciones fundamentales y hasta desmedidas, pues controlará los procesos electorales en todas las entidades federativas.

Resalta que el nombramiento del consejo general del INE seguirá siendo responsabilidad de los legisladores, por lo que continuarán las disputas. Quien controle el INE controlará los procesos para elegir al presidente del país, senadores, diputados, gobernadores, congresos locales y ayuntamientos.

Señala que tampoco se plantearon mejores mecanismos de transparencia en los estados ni de rendición de cuentas. “Un aspecto que podría salvarse es la posibilidad de relección legislativa.