México sigue siendo rehén de la impunidad y de las complicidades entre políticos y el crimen organizado, denunció el obispo Raúl Vera al señalar que, luego de seis meses, nada se ha investigado sobre el asesinato de Arturo Hernández Cardona, Angel Ramírez Román y Rafael Banderas Román, integrantes de la organización Unidad Popular, de Iguala, Guerrero.

Ellos tres junto con otros cinco activistas fueron secuestrados el pasado 30 de mayo y luego asesinados. Héctor Arroyo Delgado, Efraín Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón lograron huir de sus captores.

Uno de los sobrevivientes dio su testimonio de los hechos y acusó a las autoridades municipales de ser las responsables de la agresión. Sin embargo, nada ha pasado para esclarecer los crímenes y, en cambio, la vida del testigo está en peligro, denunció el obispo de Saltillo.

En conferencia de prensa, organizada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside Raúl Vera, la hija de Hernández Cardona, Soledad, denunció el clima de hostigamiento que padecen ella y su familia, a causa del cual decidió abandonar la entidad.

Exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso para su investigación, ya que no existe garantía de que las autoridades municipales o estatales hagan valer la justicia, y menos porque entre los señalados como presuntos responsables está el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, y Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública.

Esto forma parte del testimonio de Nicolás Mendoza Villa ante notario público, por el temor de sufrir alguna represalia si se presenta en la agencia del Ministerio Público, como han planteado las autoridades municipales.

El obispo Vera señaló que este es un caso inédito que comprueba el nivel de corrupción e impunidad que prevalece en el país. El gobierno “dice que las cosas van a cambiar… con este caso pueden demostrar que realmente hay voluntad política de acabar con el flagelo del crimen organizado. Mientras no se quite a los políticos corruptos y se les lleve ante la justicia, la situación tampoco cambiará”.

Soledad Hernández señaló que hasta ahora no ha habido voluntad de ninguna autoridad para resolver el caso de su padre, quien un día antes de su secuestro presentó denuncia por amenazas en contra del alcalde Abarca Velázquez.

Si los funcionarios locales son los señalados como los autores de los asesinatos, no es posible que se les deje a ellos mismos la investigación ni tampoco que podamos confiar en ellos, indicó.