El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, es inocente de todos los cargos, y el gobierno de Estados Unidos debe probar las acusaciones, porque las imputaciones se basan en falsos testimonios negociados con personas que no quieren ser juzgadas por los delitos que ellos cometieron, afirmó el abogado estadunidense Joel Androphy, quien forma parte del equpo de defensa del político priísta.

Durante una conferencia de prensa realizada en un hotel en la ciudad de México, y pese a que el defensor reconoció no haber tenido acceso al expediente acusatorio, dijo que el fiscal de su país sustenta las acusaciones contra Yarrington en testimonios negociados y falsos, por lo que deberá ser un gran jurado el que determine si hay pruebas para que su cliente sea llamado a tribunales.

Joel Androphy dijo que desde su punto de vista el señor Yarrington es inocente y tiene derecho a que se presuma su inocencia, porque no ha sido vencido en juicio y sentenciado y ni siquiera se le ha dado el derecho de conocer las acusaciones en su contra, por esa razón consideró que se trata de una cuestión política.

Puntualizó que hasta febrero de 2012 el ex mandatario tamaulipeco permanecía en Estados Unidos y allá esperaba responder a las acusaciones; sin embargo, el gobierno estadunidense fue quien le solicitó que abandonara su territorio por el vencimiento de su visa.

Los abogados mexicanos Marco Tulio Ruiz y Everardo Cabrera se negaron a revelar, por secreto profesional, si Tomás Yarrington se encuentra todavía en territorio mexicano.

Tampoco quisieron responder si su cliente se presentará ante las autoridades mexicanas y estadunidenses para responder por los cargos en su contra.

Asimismo, apuntaron que desconocen si existe una orden de aprehensión vigente por lavado de dinero y delitos contra la salud girada por un juez mexicano a solicitud de la Procuraduría General de la República.

Indicaron que el próximo 30 de diciembre un juez mexicano decidirá un juicio de amparo contra una orden de captura librada en contra de Yarrington en 2012 solicitada por la PGR durante la gestión de Marisela Morales.