a maquinaria legislativa de la oligarquía colaboracionista está lista para aprobar las reformas constitucionales requeridas por el capital trasnacional para apoderarse de Pemex y de la energía eléctrica que aún pertenecen a la nación y al pueblo, que es, por cierto, el sujeto socio-político en quien radica la soberanía, acorde con el artículo 39 de la Constitución. Con esta acción vergonzosa se consumaría el crimen de lesa patria que haría de Enrique Peña Nieto y de quienes voten a favor de su iniciativa, traidores al interés nacional y, como tales, tendrían que rendir cuentas ante la historia de este país ocupado por corporaciones y agentes extranjeros, y ante las generaciones de mexicanos que tendrían, con esta medida, hipotecado su futuro.
Protegido por muros de acero y con todo el aparato represivo a su disposición, el Senado de la República desoye el clamor de heterogéneos sectores de la sociedad que se oponen a la desnacionalización y privatización de los energéticos. De nada valen foros, análisis, propuestas de consulta, conclusiones de expertos, desplegados, manifestaciones, cercos y protestas, ante la decisión ya tomada por los partidos del Estado neoliberal, que abdicando al ejercicio de la soberanía económica y a sus obligaciones sociales y nacionales, establece las condiciones óptimas para la expansión-reproducción del capitalismo y para la dominación-control de la fuerza de trabajo.
No ha sido posible construir un frente nacional capaz de oponerse de manera efectiva a las reformas estructurales
, que es el término eufemístico que los neoliberales utilizan para las concesiones de todo tipo a las empresas extranjeras. La Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación no ha tenido todavía la pujanza suficiente para constituirse en el aglutinador de las fuerzas opositoras, en parte porque salvo la CNTE, el SME, el MLN y otros sindicatos y grupos políticos que integran sus contingentes a las movilizaciones y participan en sus iniciativas, muchas otras organizaciones prefirieren no sumarse a esta entidad unitaria, o hacerlo con una representación simbólica y/o vergonzante, para capitalizar en su favor protestas acotadas, personalizadas, testimoniales y sujetas a lógicas electorales y a un referéndum lejano y marcado por hechos consumados.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática participó en el llamado paradójicamente Pacto por México, en nombre del cual se llevaron a cabo reformas laborales-educativas que aumentaron exponencialmente la inestabilidad de la fuerza de trabajo y la flexibilización en las formas de contratación, y que han resultado muy perjudiciales para millones de trabajadores, incluyendo el magisterio nacional, avalando en los hechos las políticas entreguistas y represivas de Enrique Peña Nieto durante su primer año de gobierno, sumándose a la oposición contra la reforma energética en el último minuto y motivado por el cálculo pragmático de las consecuencias electorales y políticas que tendría permanecer en el pacto. La complicidad de esta izquierda domesticada con el gobierno de Peña Nieto la ha trastocado en funcional al régimen y en un recurso útil en sus campañas mediáticas. Esta complicidad sistémica del PRD se ha extendido a sus gobiernos que, como el de la ciudad de México, han hecho de la represión, práctica cotidiana, participando activamente en actos de provocación y encapsulamiento de activistas encarcelados injustamente, y que son presos políticos de gobiernos supuestamente de izquierda.
El movimiento social y de resistencia en defensa de los derechos humanos y contra la ocupación neoliberal, por su lado, ha realizado enormes esfuerzos en su lucha contra la militarización, la guerra sucia, la criminalización de las oposiciones, las mineras, los megaproyectos de todo tipo, la privatización del agua y contra las violencias del Estado y de la delincuencia organizada, que pretenden apoderarse de los territorios, amenazan la vida misma y, sobre todo, pretenden destruir las formas de organización colectiva y comunitaria. Estos movimientos no sólo han resistido, sino que en muchos casos han participado activamente en la construcción de procesos autonómicos de alcances históricos que, como el zapatista, practican formas de autogobierno basadas en el principio de mandar obedeciendo.
Asimismo, el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México, ha visibilizado en los dos últimos años, en los ámbitos nacionales e internacionales, el carácter criminal del Estado mexicano, permitiendo, a su vez, la coordinación de numerosas luchas en defensa de los derechos humanos, la justicia, la vida, el medio ambiente y los territorios.
Estos esfuerzos organizativos de los pueblos y de la sociedad civil han llevado la lucha antisistémica al límite de sus capacidades, y en condiciones de militancia caracterizadas por embestidas constantes a sus estructuras políticas, con asesinatos y desapariciones forzadas de sus dirigentes, desplazamientos de población, que afectan en muchos casos su efectividad y continuidad. Sería injusto pedir más de organizaciones que en medio de estas condiciones extremas han participado, no obstante, en acciones contra las reformas estructurales, aunque no haya sido posible coordinarse con el conjunto de las resistencias contra la ocupación neoliberal, tal como lo reclama la situación de emergencia nacional que vive nuestra patria.
La hegemonía nacional de una fuerza política se define en la práctica concreta: 1) por su capacidad para representar tendencialmente al conjunto de la sociedad y, en consecuencia, articular las reivindicaciones de todas y cada una de las luchas, por más sectoriales y locales que sean; 2) por contar con un proyecto de nación democrático-popular, realmente alternativo al existente, y 3) por superar todo corporativismo, que constituye el polo equidistante de la hegemonía, esto es, la tendencia a actuar en función sólo de intereses propios.
¡Estos son los retos ante el crimen de lesa patria!
