Durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la situación de los derechos humanos en México ha dado pocas señales de mejorar, pues aunque ha habido algunos avances en el plano legal, no han logrado tener incidencia en términos reales, señaló Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado titulado Un año perdido para los derechos humanos en México, la organización lamentó que los avances positivos, como la publicación de la Ley General de Víctimas, la creación de la Unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas, en la Procuraduría General de la República, y el anuncio de un programa nacional de derechos humanos no han tenido impacto real en la situación del país.

Luego de que Human Rights Watch y la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) dieran a conocer en esta semana sus balances críticos del primer año de la administración de Peña Nieto, AI afirma que en 2013 han continuado “abusos graves, como desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra migrantes y ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, amparados por la impunidad”.

Además, indica que los casos de brutalidad policiaca contra manifestantes y las detenciones arbitrarias han ido en aumento –pese a que el mexiquense se comprometió a finalizar la epidemia de violencia y violación de las garantías individuales–, y siguen sin darse pasos ciertos para modificar la estrategia de seguridad de la administración anterior.

Poner fin a los graves abusos sobre derechos humanos y a la escandalosa impunidad para quienes los cometen requiere un liderazgo fuerte, voluntad política, acciones coordinadas, recursos adecuados y diálogo efectivo con la sociedad. Estos elementos han estado evidentemente ausentes de la agenda política, lamentó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.

El colectivo subrayó que a pesar de los anuncios públicos de compromiso con la defensa de las garantías individuales, hechos desde el inicio del actual gobierno, la administración de Peña Nieto ha fallado en demostrar que los derechos humanos son su prioridad.