Las anomalías en el proceso penal que se le sigue a Jorge Mario González García, quien cumplió 53 días en huelga de hambre y desde el viernes de la semana pasada fue trasladado a la Torre Médica de Tepepan, empezaron desde su captura y continúan con la dilación de las audiencias por parte de la titular del juzgado 19 de delitos no graves, Marcela Ángeles Arrieta.

De acuerdo con su abogado, Guillermo Naranjo, se ha utilizado todo el aparato de impartición de justicia del Distrito Federal en contra del joven por su activismo político, que salió a la luz pública en el movimiento estudiantil contra las reformas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Explicó que González García fue detenido sin justificación alguna en el cruce de Pino Suárez y 5 de Mayo, en el Centro Histórico, la tarde del 2 de octubre, cuando junto con otros compañeros se dirigía en un autobús a la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968.

“Bajan a los jóvenes, los revisan, no les encuentran nada, pero aún así se los llevan y los pasean por diferentes puntos de la ciudad durante cuatro horas, y posteriormente los dejan a disposición del agente del Ministerio Público en Iztapalapa, acusados de ataques a la paz pública, ultraje a la autoridad y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo”, refirió.

Después de un tortuoso proceso y al ser imputados por delitos no graves, el 7 de octubre los detenidos fueron liberados tras el pago de una fianza, pero Jorge Mario González García fue reaprehendido, pues la juez Marcela Ángeles Arrieta, decidió revocar su libertad, por considerarlo un peligro para la sociedad.

Entre los argumentos vertidos por la juzgadora se encuentra el hecho de que el acusado cambió su nombre al ser capturado, y por contar con antecedentes penales, al ser condenado por robo simple unos meses atrás.

Esto va contra todo principio de presunción de inocencia, porque no lo pueden castigar por algo que no ha hecho, esgrimió el litigante, al señalar que esta es una de las tantas irregularidades en este proceso penal.

En protesta por la orden judicial, Jorge Mario decidió iniciar una huelga de hambre en el Reclusorio Varonil Oriente. Ante esta circunstancia, la defensa optó por llevar un proceso sumario a fin de acelerar los trámites y no comprometer la salud del detenido. Sin embargo, ya son dos las ocasiones en que la juez decide diferir las audiencias para el desahogo de pruebas con el argumento de que los policías que lo acusan no se han presentado a declarar.

–¿Es normal, se puede prolongar tanto una audiencia?

–Se puede diferir, pero como se trata de un procedimiento sumario las fechas de audiencia se tienen que establecer en menos de cinco días a la última que se llevó a cabo, pero la juez las ha estado fijando muy dilatadas a pesar de que le hemos presentado dictámenes médicos sobre el estado de salud de Mario, comentó.

De haberse concretado ya las audiencias, explicó que en menos de cinco días, una vez desahogadas las pruebas, la juez puede dictar sentencia. Si es en contra, como le imponen pena menor a cinco años, automáticamente pediríamos la pena alternativa en libertad y ya después tendríamos oportunidad de seguir apelando, expresó.

Al respecto, el Centro de los Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) consideró que este retraso absurdo tiene la intención de aplicar un castigo ejemplar –por medio de una criminalización focalizada y selectiva– a la juventud en disidencia.

Lisbeth Lugo, representante de la organización, dijo que se está vulnerando la integridad jurídica de Mario González al seguírsele un proceso bajo conceptos unilaterales y subjetivos, como los de peligrosidad social y sustracción de la justicia, por el simple hecho de que tiene una constante participación en manifestaciones sociales, porque no ha cometido ningún delito grave.

González García, de 21 años de edad, fue alumno del CCH Naucalpan y formó parte de quienes se opusieron a la reforma educativa del CCH. Tras su participación en el plantón en la rectoría en Ciudad Universitaria fue expulsado por el Tribunal Universitario de la UNAM.

Casi de manera paralela, el joven fue detenido acusado de robo agravado a una tienda Walmart, pero finalmente se le condenó por robo simple, y tras el pago de la fianza, fue puesto en libertad.

Desde el 2 de octubre pasado, universitarios y grupos de activistas defensores de los derechos humanos se han volcado a exigir su libertad con marchas y plantones, y a través de las redes sociales como Twitter y Facebook.

En el portal creado ex profeso www.solidaridadmariogonzalez .wordpress.com se hace una relatoría de los acontecimientos y las acciones que han emprendido con ese fin, entre ellas, el plantón que mantienen desde la noche del jueves en el hospital general Torre Médica de Tepepan, donde fue llevado desde el 22 de noviembre, en contra de su voluntad, según lo declarado por Patricia García, su madre.

Sobre el tema, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se deslindó, al señalar que las “determinaciones, las fechas de audiencia y los acuerdos los toma el Poder Judicial de esta ciudad, no tenemos injerencia en este sentido.

Nosotros simple y sencillamente somos una parte del proceso, el Ministerio Público es otra y lo que hace el centro de reclusión es tener contacto permanente con la Comisión de Derechos Humanos y supervisar continuamente el estado de salud, apuntó.