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Investiga la PGJE colusión con funcionarios del sexenio pasado

Siete empresarios defraudan 27 mdp al gobierno de Guanajuato
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 29 de noviembre de 2013, p. 35

León, Gto., 20 de septiembre.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arrestó a siete empresarios que presuntamente habrían defraudado al gobierno estatal de Guanajuato con 27 millones 190 mil pesos, coludidos con funcionarios de la administración 2006-2012.

Derivado del proceso 2795/ 2013 por el delito de fraude, la Policía Ministerial aprehendió a Carlos Alonso Aguilera Rangel, Laura María Jaramillo Esparza Farías y Melanie Micheline Martínez Burstín Presseq, socios de la empresa Maedal Comercializadora.

También se detuvo a Clara Torres Vega y Marcela Guiza Bravo, del corporativo Omniprov, así como a Marco Antonio Rolón García y Roberto Carlos Rodríguez Pardo, de la empresa Soluciones de Tecnología Avanzada.

A finales de 2009 y principios de 2013, en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, de la Secretaria de Finanzas y Administración Pública, se planearon procesos de compra ilícitos en los que intervinieron socios de esas empresas, informó el procurador Carlos Zamarripa.

Sostuvo que los detenidos simulaban la entrega de bienes utilizando facturas con firmas y sellos falsos de diversas dependencias, con las cuales tramitaban pagos ilícitos mediante transferencias bancarias.

El fiscal no reveló las identidades de los ex funcionarios implicados en el fraude millonario, ni si están localizables para su posterior captura.

Carla Torres y Marcela Guiza estarían coludidas con el ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas Eduardo García Sánchez, en un fraude de 1.2 millones de pesos en agravio de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), por la compra de megáfonos a sobreprecio.

García Sánchez, quien desde julio cuenta con una orden de aprehensión, es acusado de comprar 468 megáfonos a Omniprov de México por un monto de un millón 638 mil pesos, cuando su valor real era de 455 mil pesos.

En noviembre de 2012, el Poder Legislativo denunció penalmente el daño patrimonial generado por la compra fraudulenta de mobiliario, equipo médico, quirúrgico y de cómputo, así como a pagos falsos por servicios de limpieza, fumigación y lavado de uniformes.