Durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado muy pocos avances en materia de seguridad y derechos humanos, pues se sigue cometiendo una enorme cantidad de violaciones a esas garantías, en medio de total impunidad, señaló la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

Un día después de que la organización internacional Human Rights Watch diera a conocer una carta en la que afirma que el supuesto cambio de la nueva administración en estos temas ha sido únicamente retórico, WOLA formuló señalamientos en contra del gobierno de Peña Nieto en términos muy similares.

Mediante un documento firmado por Maureen Meyer y Clay Boggs, el colectivo recordó que al asumir el cargo, el Presidente prometió reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la población, pero hasta ahora los resultados han sido decepcionantes.

WOLA destacó que tras una ligera caída en septiembre de este año, los homicidios relacionados con la delincuencia organizada repuntaron en octubre.

La violencia sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord, lo cual ha provocado el surgimiento cada vez mayor de grupos de autodefensa, apuntó.

Resultados pobres

Lamentó que pese a las declaraciones de que se apartaría de la estrategia de seguridad aplicada por Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres, con el Ejército desempeñando tareas de seguridad pública en medio de acusaciones de abusos y corrupción.

De igual forma, la nueva administración federal no ha depurado la lista de 26 mil víctimas de desaparición revelada a inicios de este año por la Secretaría de Gobernación, y su Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no ha dado resultados tangibles y no ha concretado la reforma para acotar el Código de Justicia Militar.

Además, se siguen cometiendo violaciones graves de derechos humanos de forma generalizada –muchas de ellas cometidas por el Ejército, la Marina y la Policía Federal– y los comunicadores y los activistas de organizaciones sociales aún son víctimas de intimidaciones y ataques.

Las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas. Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras, enfatizó el colectivo estadunidense.