l año próximo se presentará una reforma estructural al sistema de salud que, según Enrique Peña Nieto, permitirá asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad para toda la población y con beneficios iguales para todos; tendríamos un Sistema de Salud Universal. Al igual que con la reforma de pensiones estamos ante un uso mañoso de la palabra universal
que la está vaciando de contenido.
Para tener acceso universal al sistema de salud basado en el aseguramiento, como se pretende en México, deben cumplirse dos condiciones básicas: 1) Que toda la población esté cubierta por un seguro de salud y 2) Que el financiamiento sea suficiente para operar los servicios de ese sector. Los datos oficiales indican que México está lejos de garantizar estas dos condiciones.
Así sólo la Comisión Nacional de Protección Social de Salud (CNPSS) afirma, que gracias al Seguro Popular (SP), hoy casi todos tienen un seguro de salud. En su Informe de Resultados 2012 la Comisión asevera que estaban afiliadas 52.7 millones de personas. En cambio la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del mismo año encontró que 42 millones de personas reportaron estar en el SP, o sea, 10 millones menos que el dato de la CNPSS. La población sin ningún tipo de seguro era alrededor de 30 millones de personas o 25 por ciento de la población.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2012 encontró que 25.3 millones de personas o 21.5 por ciento de los mexicanos carecía de un seguro. Se puede entonces afirmar que no están aseguradas entre 25 y 30 millones de personas. O sea, la premisa, de que todo mexicano está cubierto por un seguro de salud, para establecer el Sistema de Salud Universal está lejos de cumplirse.
El ENIGH todavía no ha reportado cómo se distribuye la población entre los tipos de aseguramiento –SP, de seguro social y privado–, pero la siguiente información es reveladora. Entre 2010 y 2012 el número de afiliados a algún seguro se incrementó en 8.2 millones, mientras la CNPSS por sí solo reporta 9.4 millones de nuevos afiliados, o sea 1.2 millones más que la ENIGH. A ello se agrega que la afiliación al Instituro Mexicano del Seguro Social (IMSS), que por el pago de una prima es un dato más confiable que el del SP, se incrementó sostenidamente entre 2010 y 2012. Esto desmiente que todo el incremento del aseguramiento corresponda al SP, cuyos datos siguen siendo manifiestamente equivocados.
La segunda condición, el financiamiento suficiente, también es una premisa fuera de la realidad y su monto está fuera de la legalidad. Según la Ley General de Salud el gobierno federal debe suministrar una cuota social (CS) de 3.92 por ciento de un salario mínimo del Distrito Federal por persona afiliada al SP y una Aportación Solidaria Federal de 1.5 veces de la CS, la cual disminuye sustancialmente hasta llegar a cero por la llamada alineación de recursos
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En mi libro El impacto del Seguro Popular en el sistema de salud mexicano demuestro que todas las entidades federativas recibieron en 2010 menos recursos que los que la ley les otorga. Nacionalmente esta diferencia fue de 13.873 millones o 27.2 por ciento menor que el monto legal y tres estados –Hidalgo, Nayarit y Querétaro– recibieron menos de 50 por ciento legal. Incluso muchos estados recibieron menos que el monto correspondiente a la cuota social que el gobierno no puede reducir y está legalmente obligado a pagar. Los estados más pobres y con necesidades de salud apremiantes –Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz– no escapan a esta reducción de recursos a pesar de que se debe aplicar una fórmula para compensarles.
En el libro también se demuestra que la CNPSS ha tratado de encubrir su falta de cumplimiento con la ley encargando un estudio actuarial al despacho Milliman México de Salud dándole datos falsos. La finalidad de este estudio fue desvirtuar la observación de la Auditoría Superior de la Federación de que su déficit llegaría a alrededor de 84 mil millones de pesos en 2010.
Antes de que se presente la anunciada reforma del Sistema de Salud Universal
es urgente abrir un debate con datos reales y proponiendo alternativas que pueden llevar a garantizar derecho a la salud, entendida ésta como igual acceso oportuno a los servicios de salud requeridos ante la misma necesidad. Se puede adelantar que la solución no es un aseguramiento mal calculado y subfinanciado. La garantía universal del derecho a la salud en México sólo se consigue con un sistema gratuito y abierto a toda persona.
