Buenos Aires 26 de noviembre.

El ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que el principio de acuerdo por la expropiación de 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), logrado el lunes con Repsol, está sometido a confidencialidad, y manifestó que se llegó a este punto después de nueve meses de negociaciones entre diversos sectores.

Destacó que no es posible hablar de valores en esta circunstancia, porque cualquier número afecta las acciones y podría generar un cimbronazo bursátil.

Las acciones de las petroleras YPF y Repsol se dispararon tras el anuncio de un acuerdo con Argentina por la expropiación de YPF. En la bolsa de Buenos Aires los títulos de YPF subieron a 11.40 por ciento e impulsaron al índice líder Merval al récord de 5 mil 696.21 puntos, mientras en la bolsa madrileña los títulos de Repsol ganaron 4.28 por ciento a 19 mil 345 euros, lo que permitió que el mercado terminara con un avance de 0.26 por ciento.

El pacto permitirá a la petrolera española cerrar un conflicto que también le valió tensiones con la mexicana Pemex. El acuerdo debe ser votado este miércoles por el consejo de administración de Repsol.

Los inversionistas anticipan su aceptación, dado que en la negociación participaron grandes accionistas como el banco español CaixaBank y Petróleos Mexicanos (Pemex), que poseen capital accionario de la petrolera ibérica.

La compensación por 51 por ciento que controlaba Repsol en YPF cuando fue expropiado por el gobierno argentino en abril de 2012 sería, según fuentes cercanas al caso, de 5 mil millones de dólares en forma de deuda argentina, lejos de los 10 mil millones que reclamaba Repsol, pero mucho más de lo que preveían los analistas. Fuentes oficiales argentinas citadas por la prensa del país desestimaron esa cifra de 5 mil millones, señaló la agencia de noticias Afp.

Kicillof dijo que el gobierno está cumpliendo con la ley de expropiación con este acuerdo, donde se dice que debe compensar al propietario del bien expropiado. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha defendido las inversiones en exploración, que están bajo control del Estado.

El lunes los representantes de España y México se reunieron con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, quien consideró que estos acuerdos son un sendero que nos va a permitir seguir generando mecanismos de inversión para la explotación hidrocarburífera, algo que en Argentina tiene un programa ambicioso para los próximos dos años.

En el consejo de administración de Repsol están La Caixa y la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), firmantes del preacuerdo, en virtud de sus participaciones accionarias de 12.9 y 9.49 por ciento, respectivamente, en la petrolera española. También están representados Sacyr (9.5), y Temasek (6.3), el fondo de Singapur que impulsó el presidente de la empresa, Antonio Brufau, después de la expropiación de YPF.

Si el consejo de administración de Repsol aprueba el acuerdo se permitiría que los contendientes desistieran de acciones legales, entre ellas una de las más importantes, la demanda por 10 mil 500 millones de dólares de Repsol contra el Estado nacional ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Repsol quiso hacer valer en la negociación la valuación que le asignó a YPF el día antes de la expropiación de 51 por ciento de las acciones: 18 mil 300 millones de dólares. El 51 por ciento de esa cifra son 9 mil 333 millones de dólares, algo menos que los 10 mil 500 millones que fue a reclamar al Ciadi.

Después de acciones y presiones cruzadas dentro de Repsol –de sus accionistas y por parte de Pemex, que quiere entrar en Vaca Muerta pero no puede hacerlo mientras siga abierto el conflicto por la expropiación de YPF– la empresa española accedió a bajarse de aquel monto.

“Algunos diarios de España como El Mundo y Expansión mencionaban que el pago sería en bonos por 5 mil millones de dólares. Esa cifra surgió de una de las propuestas que hizo Pemex, que se dividía en mil 500 millones en efectivo y el resto en activos de Vaca Muerta, el yacimiento de gas y petróleo no convencional del sur argentino”, señala el periódico Ámbito Financiero.

También sostiene que el consejo de administración de Repsol lo rechazó porque los activos eran sujetos a exploración, es decir, no estaba probada su capacidad productiva ni su rentabilidad potencial. Además, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se opuso a integrar nuevamente una sociedad con YPF.

De acuerdo con analistas, “la exigencia del sector de accionistas de Repsol representados por Brufau fue que cualquier pago sea realizable de inmediato. Esa sería la clave por la cual se pudo llegar a un principio de acuerdo: el gobierno argentino accedió a pagar en efectivo o en bonos, pero lo más probable es que sea en títulos públicos. Lo que en principio quedó descartado es la entrega de activos en Vaca Muerta, como pretendía Brufau.

Una de las razones centrales por las cuales el gobierno pretende cerrar este conflicto es para destrabar el financiamiento internacional para YPF, que en la actualidad se complica por las demandas de Repsol. Es decir, el pago de una compensación a los españoles por la expropiación de 51 por ciento de la petrolera abriría la puerta a corto plazo a créditos, colocaciones de deuda y acuerdos con otras petroleras, que permitirían elevar la producción de hidrocarburos, achicando el déficit energético que le hace perder divisas al Banco Central, se argumenta.

Otra gran explicación del entendimiento que buscó Argentina es para cerrar los juicios a nivel internacional, pues el proceso de expropiación podía tardar hasta diez años en quedar clausurado.