Mineras extranjeras, particularmente de capital canadiense, se han apropiado de cientos de concesiones en México para especular en la bolsas internacionales. Ganan millones de dólares sin explotar un yacimiento, sólo rentabilizando las miles de hectáreas que tienen concesionadas por los próximos 100 años en el país.

El investigador Gian Carlo Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló lo anterior en el contexto de la jornada por la nueva ley minera, que se llevó a cabo el domingo pasado, en la cual participaron decenas de organizaciones opositoras a esas compañías.

El especialista manifestó que es un mito el supuesto gran impacto económico que tienen las mineras en México. Éste, apuntó, en realidad es prácticamente nulo en términos de ingresos para el país. El número de empleos que ofrecen, explicó, es menor al de cualquier otra industria: cerca de 250 mil directos, que son temporales, de explotación y con salarios apenas por arriba del mínimo.

Los temas del encuentro

En esta jornada se habló del blanqueo de crímenes mineros, de que al parecer el Legislativo no discutirá la nueva ley en la materia en el actual periodo de sesiones y de que la criminalización de las protestas contra esas empresas ya no sólo es contra las organizaciones que luchan contra esos megaproyectos, sino contra académicos.

Representantes de organizaciones como Pro San Luis Ecológico, que ha librado una lucha contra la minera San Xavier; Tetela hacia el Futuro, que se ha movilizado en rechazo a la concesión que se otorgó a Minera Frisco para la explotación de más de 10 mil 600 hectáreas en Tetela de Ocampo, y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, que se ha manifestado contra la concesión a la mina Caballo Blanco, entre otras, participaron en el acto.

Jorge Peláez, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), manifestó que la ley minera propuesta por organizaciones y movimientos sociales plantea que los pueblos sean los que otorguen su consentimiento (mediante consulta) a las empresas que quieran llevar a cabo actividades mineras en sus regiones y haya permisos sociales para las concesiones de exploración y explotación.

Además, propone que se dedique un capítulo a los derechos de las poblaciones, el cual incluya una verdadera garantía de acceso preferente a los recursos naturales. Asimismo, que las concesiones no sean mayores a 20 años, prorrogables en una sola ocasión; se determinen regiones en las que se prohíba el otorgamiento de dichos permisos y se introduzca un cobro de regalías para la actividad por volumen de minerales producidos, entre otros aspectos.

En la jornada, Joaquín Solorio, del ejido Benito Juárez, municipio de Buena Ventura, Chiapas, habló sobre cómo mataron a dos de sus familiares por oponerse a la minera Mag Silver; pobladores de Santa María Ixtacamaxtitlán demandaron que salga la empresa Almaden Minerals de su territorio, porque sólo está causando destrucción y explotación, y Germán Romera, de la asociación Tetela hacia el Futuro, planteó crear un frente nacional que aglutine a todas las organizaciones de defensa del territorio y afectados por las mineras.

Varios ponentes afirmaron que, a pesar de que la propuesta de nueva ley fue presentada por integrantes del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, a días de que concluya el actual periodo de sesiones ésta ni siquiera ha sido turnada a comisiones para su análisis, por lo cual estiman que no será analizada por el Congreso, ahora más interesado en ver cómo legaliza la privatización de Petróleos Mexicanos con la reforma energética.