A menos de tres años de que venza el plazo para que se implemente en definitiva el nuevo sistema de justicia penal, el Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció este lunes que invertirá unos 4 mil millones de pesos en los próximos dos años para construir 44 centros de justicia penal federal en todo el país, que incluyan salas para juicios orales.

El magistrado federal José Nieves Luna Castro, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y Derecho Humanos del PJF, informó que esos centros concentrarán en un solo inmueble a todos los responsables de aplicar el nuevo sistema de justicia, como son los jueces de control (los que ahora se conoce como de procesos penales), de juicio oral (de nueva creación) y de ejecución de penas (los que individualizarán las sentencias a cada imputado declarado culpable por un juez de juicio oral), sí como a los tribunales de segunda instancia (encargados de resolver las apelaciones).

Luna Castro refirió que para acelerar la construcción y buscar métodos financieros que abaraten costos, algunos de estos centros los construirá la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia con la que ya se celebraron convenios (que en algunas entidades incluyen la donación de terrenos) para realizar estos trabajos, en tanto que otros serán edificados mediante la contratación de empresas privadas, previa licitación pública.

Añadió que los dos primeros centros se edificarán en la ciudad de Durango, y en La Paz, Baja California, y durante 2014 y 2015 se empezarán los trabajos de los 42 centros restantes.

En su petición de presupuesto para 2014, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) planteó un aumento de 19 por ciento en sus recursos a ejercer, con el propósito de comenzar a implementar el nuevo sistema penal de juicios orales.

Al justificar su petición de recibir 47 mil 199 millones de pesos, el CJF señaló que la tasa de congestión de los tribunales es de 125 por ciento, cifra que toma en cuenta tanto los nuevos ingresos como los expedientes pendientes de resolver, y que se estima este año llegará a un millón 227 mil asuntos.

En la estrategia programática del proyecto de presupuesto, el órgano detalló que para implementar el sistema penal acusatorio, cuya fecha límite para plena entrada en operación es junio de 2016, tendrá que adquirir el próximo año los inmuebles donde instalará los nuevos centros de justicia.

Dichos centros funcionarán en San Andrés Cholula, Puebla; La Paz, Baja California Sur; Durango, Durango; Cancún, Quintana Roo, y Mérida, Yucatán.

En el resto del país se mantendrán los juzgados en materia penal tradicionales, ya que el sistema actual se seguirá aplicando a delitos cometidos durante su vigencia.

El CJF calculó que para la implementación de la reforma penal y otros cambios constitucionales se requieren 4 mil 990 millones de pesos, a los que se sumarían 877 millones para crear 42 nuevos tribunales y juzgados que enfrenten la carga creciente de demandas de amparo, facilitadas por la nueva ley en esa materia.