En un sistema marcado por la corrupción y el autogobierno de los reos en la mayoría de las cárceles, algunos de los centros de reclusión que tienen peores condiciones de gobernabilidad se encuentran en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, presentado hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El informe, de más de 500 páginas, detalla en qué condiciones se encuentran los penales de las 32 entidades del país, así como los problemas de hacinamiento, malos tratos, violencia y nulas oportunidades de reinserción social de la mayoría de internos, al mismo tiempo que otros pueden gozar de privilegios, como posesión de drogas y celulares.

Entre las cárceles estatales donde existen esquemas de autogobierno, señala el documento, se encuentran los reclusorios varoniles oriente, norte y sur, en el Distrito Federal; los tres penales de Nuevo León, y tres de Tamaulipas.

Este mismo fenómeno se presenta en Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales, en Sonora; Cieneguillas y Fresnillo, en Zacatecas; Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, y tres de Culiacán.

Con respecto a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, el organismo documentó un caso de este tipo a principios del año en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

También se registró que en los penales construidos por la iniciativa privada el costo del mantenimiento por cada interno es de alrededor de mil 600 pesos diarios, y pese a ello la calidad de los alimentos y la higiene es igualmente mala en comparación con los centros de reclusión del Estado.