n el primer turno electoral lo previsto se comprobó. La mitad de los empadronados no votaron, reflejando así los efectos despolitizadores de la dictadura pinochetista y el repudio a todos los partidos, incluidos los de la Concertación que conciliaron con el pinochetismo y casi no se diferenciaron de la derecha. Como consecuencia del abstencionismo de protesta, los candidatos más a la izquierda (Marco Enríquez Ominami, Marcel Claude, Roxana Miranda) apenas lograron, sumados, cerca de 17 por ciento, cuando el primero había logrado 20 por ciento de los votos en la anterior elección presidencial. En cambio, los ex dirigentes estudiantiles, comunistas o independientes de izquierda, que representaban movimientos sociales y no los aparatos partidarios, fueron elegidos con mayorías aplastantes.

Sebastián Piñera ni siquiera pudo unificar a la derecha, que perdió un tercio de sus votos y en la que el ex ministro vedette Golborne ni siquiera fue elegido senador. Aunque la candidata derechista, Evelyn Matthei, logre probablemente en la segunda vuelta diez por ciento más, a la derecha no le queda ya otra opción que el hostigamiento puntual y tratar de aprovechar el conservadurismo y el conciliacionismo de una buena parte de la mayoría parlamentaria para reducir el margen de maniobra de Michelle Bachelet en el caso de que ésta tratase de radicalizar un poco más su discurso y su política para conquistar un sector de los abstencionistas.

La ya casi presidenta de Chile, en su discurso después de su triunfo en la primera vuelta, no mencionó su plan de subsidios a los más pobres para que estudien sino que exigió directamente la enseñanza pública, laica y gratuita, tal como reclaman los trabajadores y los estudiantes. Además, habló vagamente de una Asamblea Constituyente –otra reivindicación popular generalizada– que posiblemente intentará negociar porque no logró los dos tercios necesarios en las cámaras para modificar la Constitución. Su amplia mayoría parlamentaria, por otra parte, le impide argumentar que la relación de fuerzas en el Parlamento le ataría las manos, pues esa mayoría conservadora y heterogénea, aunque la obligue a negociar continuamente cada proyecto, le permite presentar leyes para cuya aprobación baste la mayoría simple.

¿Y ahora qué? La economía tropieza con dificultades pues la crisis mundial reduce el consumo de minerales y el precio del cobre baja. La gran minería está en manos de las trasnacionales (salvo en el caso del litio) y tanto con los militares como con los gobiernos de la Concertación, el cobre fue cedido en concesiones, con la excepción de Codelco, cuya renta en un 10 por ciento financiaba hasta hace poco las fuerzas armadas. Los capitalistas tienden a la privatización total de la minería pero la mayoría del pueblo chileno exige al menos la estatización total del cobre (Chile es el primer exportador mundial). Este será uno de los puntos más litigiosos durante el segundo gobierno de Bachelet. Otros serán la tremenda desigualdad social y los bajísimos salarios imperantes en Chile, problemas que, junto a la urgencia de una educación pública gratuita y de un buen sistema de sanidad accesible para todos, movilizará cada vez más a los trabajadores y a los estudiantes, y no sólo a la parte de los mismos que crean que el de Bachelet es su gobierno.

Es difícil que en la segunda vuelta la abstención disminuya mucho. Un sector no considera necesario votar ya que, de todos modos, Bachelet será presidenta. Los votos de los candidatos a la izquierda de la Nueva Mayoría probablemente se dividirán entre un voto por Bachelet y la abstención. Además, una parte de la derecha considerará que el resultado ya está claro y no votará y otra parte (del electorado de Parisi) se abstendrá por odio a la Matthei. Lo más probable, por consiguiente, es que Bachelet sea elegida por la mitad de la mitad del padrón. O sea, que incluso superando el 50 por ciento de los votantes, no represente en realidad sino un 25 por ciento del electorado.

Será, pues, presidenta legal pero con escasa legitimidad, y así deberá enfrentar un crecimiento de los sindicatos, un aumento de las luchas y de la unidad de los obreros y campesinos y movilizaciones estudiantiles y populares que exigirán leyes inmediatas para renovar la sanidad, la educación y elevar los salarios, así como un reclamo de reducción de los impuestos indirectos, como el IVA, y de un aumento del impuesto a los más ricos, unidos a la estatización del cobre para financiar las reformas postergadas durante tanto tiempo.

Michelle Bachelet, por otra parte, promete reforzar la unidad latinoamericana, pero ¿podrá por lo menos retirar a Chile de su alianza con Estados Unidos, Perú, Colombia y México que, justamente, está dirigida contra Unasur y contra el Mercosur, cuando ni en la Nueva Mayoría que la apoya ni en la sociedad esta exigencia tiene mucha fuerza? Es de esperar, por último, que las luchas aceleren la politización y las demandas programáticas de la izquierda social. También que una parte importante de los jóvenes abstencionistas –que ganaron las elecciones en escuelas y universidades mediante listas y elecciones pero rechazan en escala nacional la vía electoral– comprendan que la participación en política consiste en la independencia y la movilización pero no excluye utilizar las urnas para organizarse, hacer llegar las posiciones propias a otras partes del territorio y de la sociedad y difundir y confrontar las propuestas. Porque el rechazo a la politiquería y a las ilusiones electoralistas es necesario y legítimo, pero es compatible con una acción política contra el capitalismo y el poder y, si fuese necesario, con el voto por una lista que defienda, total o parcialmente, lo que uno piensa.