En meses recientes, varios pobladores de la comunidad de Coyotepec, estado de México, han sufrido agresiones físicas y amenazas de muerte por quienes buscan entregar al gobierno municipal el control del agua, recurso que ha sido administrado por usos y costumbres durante muchos años.

Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, denunció lo anterior y advirtió que para intimidar a los opositores al proyecto citado, las mismas autoridades municipales de Coyotepec pidieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortar el suministro de los pozos de la comunidad, lo cual ha dejado sin el líquido a unas 50 mil personas por más de una semana.

El activista recordó que el 9 de junio de este año, el presidente municipal priísta, Alfredo Anguiano, convocó a una asamblea para determinar si el agua seguía siendo administrada por el esquema de usos y costumbres o si su control pasaba a manos del municipio.

Como protesta por el hecho de que Anguiano supuestamente habría llamado sólo a sus simpatizantes, ese mismo día unas mil 500 personas bloquearon la autopista federal a Querétaro, pero fueron retiradas por elementos de seguridad del estado de México, lo que dejó unos 50 pobladores heridos.

Tras ese incidente, el titular del ayuntamiento dijo haber abandonado su proyecto de municipalización del agua, pero poco después inició una serie de amenazas y agresiones contra sus oponentes, como la sufrida por Vicente Moreno el 5 de septiembre.

Corte de energía en pozos

Como parte de esa escalada de ataques, Alfredo Anguiano pidió hace una semana que la CFE cortara el suministro eléctrico de dos pozos que dan servicio a Coyotepec, lo cual dejó a miles de familias sin acceso al líquido, aseguró Lara.

El corte del servicios fue justificado por un adeudo de alrededor de 18 millones de pesos, pero la razón de que esa cantidad no fuera cubierta, añadió, es que se trata de un cobro loco de la CFE, que normalmente establecía una cuota mensual de 150 o 200 mil pesos para la comunidad, y de pronto tasó su servicio en millones.

Sergio Velázquez, dirigente del Frente Popular 9 de Junio, señaló que con la municipalización del agua se pretende que el ayuntamiento le ceda a su vez el control de dicho recurso al gobierno del estado, quien se encargaría de entregárselo a empresas inmobiliarias que ya operan en seis demarcaciones vecinas, entre ellas Zumpango, Jilotepec y Almoloya.

No queremos que lleguen miles de casas, con el aumento del parque vehicular, contaminación e inseguridad que generan. Queremos curarnos en salud para evitar que nos invadan con un crecimiento desordenado, dijo Velázquez, quien anunció que en breve realizarán una serie de movilizaciones en el Distrito Federal.