Los deudores fiscales serán incorporados al buró de crédito, que se encargará de recuperar un primer paquete de 196 créditos de empresas –por un monto histórico de 832.5 millones de pesos– que perdieron recursos de impugnación que interpuesieron contra la Secretaría de Finanzas.

En la firma del primer convenio con una entidad federativa, el titular de la dependencia, Édgar Amador, señaló que de esta manera se recuperará la cartera vencida y se emitirán luces amarillas o rojas contra una persona moral o física cuando no esté al corriente del pago de sus impuesto y quiera obtener un crédito bancario o comercial, financiamiento, préstamo o servicio.

La empresa Dun&Bradstreet, que opera con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) desde hace cinco años, se encargará de recuperar los créditos fiscales, con base en información de la secretaría, lo cual fue declarado como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que se respetan los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, y no tendrá ningún costo para el gobierno.

En conferencia de prensa, el presidente del buró, Mauricio Gamboa, señaló que se tienen 70 millones de cuentas de personas en su base de datos, de las cuales 3.5 millones son personas físicas con actividad empresarial y empresas, pues no sólo están los que no pagan. Esa es una minoría, la mayoría son personas que cumplen con sus obligaciones.

Se trata de contar con un historial crediticio y asegurar que el préstamo comercial, bancario o inmobiliario sea liquidado, siendo los menores de edad los únicos que están fuera, precisó Amador.

Señaló que ha ido cambiando la percepción de amenaza de estar en el buró. Detalló que en los dos años anteriores, de emitir 300 mil reportes al año hoy suman 2 millones.

Los interesados pueden ingresar a la página buró de crédito, donde se aplican unas preguntas definidas por ley, y si cumplen con la respuesta, se les entrega su reporte de crédito, y en caso de detectar algún error, pueden hacer la aclaración y en cinco días tener respuesta. O, en el peor de los escenarios, en 30 días, agregó.

Por su parte, el tesorero del DF, Emilio Barriga, señaló que “la finalidad es enviar una señal al mercado crediticio de la existencia de personas físicas y morales que tienen adeudos fiscales con la Secretaría de Finanzas y por tanto son susceptibles de riesgo al obtener un crédito bancario o comercial.