Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieron un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que ejerza su derecho de veto y devuelva la minuta a la Asamblea Legislativa del Distrito con las observaciones relativas a las violaciones en materia de derechos humanos en que incurren las pretendidas reformas al Código Penal para el Distrito Federal.

Con el apoyo de la mayoría de los diputados de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), el asambleísta Alejandro Ojeda Anguiano dijo que hace un llamado al jefe de Gobierno para que “no publique en la Gaceta Oficial las reformas que criminalizan las marchas, porque ello sería seguirle el juego a la derecha, siempre tan solícita para utilizar la represión y la macana, en lugar de dialogar y atender las demandas ciudadanas”.

Indicó que las reformas por las que se adiciona un párrafo a los artículos 123 y 130, una fracción X al artículo 224 y un artículo 241 bis al Código Penal para el Distrito Federal, son inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos.

Advirtió que de concretarse los cambios a dicho código, promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los mencionados artículos, que claramente violentan garantías individuales, como la libertad de manifestación, de reunión y de movilización, añadió.

Cambios ambiguos

El martes pasado, tras la aprobación de las reformas, el diputado Ojeda Anguiano calificó las modificaciones de contrarreforma a los cambios que la misma ALDF hizo al Código Penal del Distrito Federal tras los desmanes contra la ciudad el primero de diciembre pasado. Argumentó que lejos de pedir a las autoridades que se investigue quiénes fueron los verdaderos responsables de esos hechos, la mayoría del PRD y de otros partidos aprueban unas reformas ambiguas, que atentan contra la protesta social.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, dijo que son bienvenidas las reformas que aprobó la ALDF para aumentar en una mitad la penas a los delitos de daño en propiedad ajena y robo, así como lesiones y homicidio en contra de agentes de las corporaciones policiacas durante protestas y concentraciones públicas.

Aclaró, sin embargo, que se pronunciaba como ciudadano más que como presidente del órgano jurisdiccional local. Nos dio a todos mucho gusto que se diera, dijo, y como titular del TSJDF apuntó: espero que no haya necesidad de volver a aplicar otra.

Dijo que esperará a su publicación y entrada en vigor y ya verán los jueces la aplicación de las sanciones.