amboleos cupulares privatizadores. Del no del secretario de Gobernación, hace días, al sí imperativo de última hora de la Secretaría de la Defensa Nacional. Osorio Chong decía que ni siquiera se había considerado la realización de un desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana (por lo cual argumentaba que no era dable hablar de una cancelación de lo que no se había programado), aunque sí habría ceremonias militares relacionadas con escalafones y galardones y, en otro ámbito, la entrega de premios juveniles. Pero a fin de cuentas sí hubo una variante de desfile castrense de corte discrecional, casi privatizado, en la Plaza de la Constitución.

La élite del poder redujo la recordación del revolucionarismo fundacional a un acto en familia en un Zócalo significativamente expropiado desde meses atrás a las expresiones populares de protesta o denuncia. Tan apresurado fue el golpe táctico del mando verde olivo, que se vivió durante unas horas un bloqueo de actividades en el aeropuerto de la ciudad de México, pero esta vez no a causa de profesores obstructores de las calles, sino de las órdenes castrenses de cerrar actividades de líneas comerciales para permitir las maniobras de las naves de las fuerzas armadas en el corazón capitalino.

Centrar la efeméride constitutiva de la institucionalidad de este país en rituales de entrega de ascensos y premios al centenario ejército fue una confesión sin atenuantes de que la sostenibilidad de las cúpulas está aferrada básicamente al rigor de las armas y a las celebraciones endogámicas de la clase dirigente, sin concesiones ni siquiera de buena escenografía a los motivos populares que supuestamente deberían animar a los nuevos cachorros reformistas de la Revolución ya enviada al archivo muerto (cachorros matusalenos que son herederos de las tradiciones de conversión de la riqueza pública en privada que Miguel Alemán Valdés y Carlos Hank González elevaron a niveles míticos).

Los extraños rejuegos entre el Bucareli puesto en entredicho con su no fallido y la Sedena que terminó imponiendo su agenda tienen como referente las inextinguibles expresiones de descontento de profesores que desde el Monumento a la Revolución se lanzan diariamente a distintos puntos de la capital del país para dar testimonio de que sus exigencias no han sido resueltas y que el problema que denuncian sigue vigente. Esas expresiones de descontento están en vías de sometimiento a un esquema legal muy restrictivo. El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha dado un primer paso en la mayor penalización de violencia política y en el Senado se estudia una solicitud de PRI, PAN y otros partidos aliados para burocratizar a extremos grotescos las manifestaciones públicas de inconformidad.

Según esas pretensiones, los organizadores de las manifestaciones deberían anunciarlas con 72 horas de anticipación ante las autoridades correspondientes, las que deberían expedir una aprobación oportuna, previa búsqueda de que los problemas denunciados sean atendidos en las instancias adecuadas y revisando itinerario, horarios y numerosidad para establecer las restricciones que conforme al etéreo interés público consideraran necesarias. También se esboza una forma de responsabilidad de los líderes ante los eventuales desmanes que cometan los grupos bajo su coordinación. Doble pinza, al aumentar el castigo ante actos de violencia en manifestaciones y al intentar el establecimiento de controles de primer mundo ante una realidad de conflictos sociales atendidos por políticos de tercer mundo.

Otra forma de sometimiento a los intereses cupulares está en ruta de aprobación legislativa. Le llaman reforma político-electoral y responde a la visión pactista que busca remover cuanto le es posible para garantizar la continuidad de sus privilegios facciosos. Con destellos llamativos para aparentar avances y modernidad, el fondo de las modificaciones es naturalmente ajeno a propósitos verdaderamente transformadores, pues de otra manera no habrían sido consensuados por el tripartidismo dominante. El propio presidente provisional del Instituto Federal Electoral, Benito Nacif, ha llamado a evitar experimentos de resultados inciertos en terrenos como el de la creación de un Instituto Nacional Electoral, que tomaría parte de las responsabilidades actuales de los comités electorales de los estados, estructura onerosa que, por otra parte, subsistiría aunque se creara el mencionado INE.

Andrés Manuel López Obrador, mientras tanto, ha convocado a otro mitin en el Zócalo capitalino, esta vez el uno de diciembre venidero, cuando se cumplirá un año de que Enrique Peña Nieto se instaló en el poder federal (y, también, de que se inició la espiral de provocación y represión que ha servido para ir minando el ejercicio de libertades cívicas). El dirigente del partido en formación, Morena, es el único punto de convergencia de protestas sociales auténticas contra la pretensión del peñismo de ceder la riqueza energética nacional a particulares (extranjeros unos y nativos otros, entre empresarios, prestanombres y comisionistas). Los pactos entre los tres partidos que dominan los procesos legislativos, la cultivada apatía ciudadana, las formas de protesta improductiva que hasta ahora ha sostenido el lopezobradorismo en momentos críticos e incluso la cercanía de los festejos navideños, hacen que reine una sensación de que el esfuerzo puede quedar en lo testimonial. Pero el tabasqueño plantea la fórmula necesaria, hoy virtualmente única, de pelear contra esa reforma con lo que se pueda y hasta donde se pueda.

Los perredistas emprenden el camino a Oaxtepec para cumplir con un congreso nacional cuyo punto resolutivo más importante es la búsqueda del retorno del caudillo michoacano en tiempos de orfandad partidista. Contra la restitución del Cid Cárdenas solamente se levanta, tenue, la insinuación de Marcelo Ebrard de que él no piensa declinar ante el fundador del sol azteca y que prevé seguir adelante con su pretensión de que el nuevo liderazgo se defina mediante encuestas. ¡Hasta mañana!

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