Madrid, 20 de noviembre.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, defendió este miércoles su propuesta de castigar con multas hasta de 600 mil euros (11 millones de pesos) por participar en protestas callejeras. Aseveró que la intención no es criminalizar el derecho a manifestarse; el único objetivo de ese anteproyecto es cumplir la obligación que tiene el gobierno de garantizar la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos. De hecho, hará más libres a los españoles.

Sólo en la capital española suceden en promedio diez manifestaciones diarias, y cinco mil marchas en los últimos dos años. La difícil situación económica que comenzó con la crisis de 2007, ha llevado al desalojo de más de 400 mil familias. Asimismo, han cobrado fuerza el movimiento de los indignados, el de Afectados por la Hipoteca y Afectados por la Estafa de las Preferentes, éstos últimos son ancianos que vieron disminuidas sus pensiones.

El martes pasado, el gobierno presentó un anteproyecto de ley que pretende multar hasta con 600 mil euros a las personas que protesten frente al Congreso de los Diputados y otros edificios públicos, así como grabar a policías en ejercicio de su labor. La ley castigará también los escraches, así como trepar edificios o puentes para denunciar algo, como hacen los activistas de Greenpeace.

Las redes sociales ya llaman al anteproyecto la ley anti15M, en alusión al movimiento de los indignados.

En medio de la insatisfacción popular Rajoy cumples este viernes dos años en la presidencia, a la que llegó con numerosas promesas, entre ellas, la de crear más de 500 mil puestos de trabajo en dos años, bajar los impuestos, dotar de más transparencia el ejercicio del poder, y cero recortes en servicios como educación y salud para no afectar a los más vulnerables.

En 24 meses, más de 700 mil personas han perdido su empleo, lo que lleva la cifra de desocupación a 5 millones 900 mil. Se han aprobado aumentos al IVA y se han recortado los presupuestos de salud y educación. A esto se suma el anteproyecto de ley para criminalizar las protestas ciudadanas.