En 65 por ciento de las cárceles del país existen esquemas de autogobierno de los reos, quienes en muchas ocasiones tienen las llaves y controlan el acceso a diversas áreas de los penales, lo que representa un aumento de 4.3 por ciento de dicho fenómeno con respecto al año anterior, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, detalló que el año pasado se incrementó el número de incidentes violentos en las cárceles del país, ya que hubo 73 casos de este tipo con un saldo de 154 muertos, 103 heridos y 261 fugados.

Un año antes ocurrieron 52 incidentes, en los cuales se registraron 171 fallecidos y seis heridos. En total, de 2010 a 2013 ha habido 311 hechos violentos en las cárceles del país, con un resultado de 619 muertos, 359 heridos y 678 fugados.

El estudio de la CNDH –elaborado tras visitar 101 reclusorios estatales, 17 federales y tres militares, donde se aplicaron encuestas a más de 30 mil internos– reveló que los presos incluso tienen las llaves de los candados de diversas áreas de los centros de reclusión.

En los recorridos de los visitadores de la CNDH, en muchas ocasiones fue necesario negociar con los internos para que permitieran el acceso a diversas zonas. Algunas celdas, además, no pudieron ser inspeccionadas porque estaban cubiertas con cobijas o cartones, y no se autorizó la toma de fotografías.

El autogobierno, enfatizó el diagnóstico, debilita las condiciones de gobernabilidad y seguridad de las cárceles, como lo comprueba el hecho de que en 87 prisiones no hay personal suficiente de custodia y en otras 49 hay ‘‘zonas de privilegio’’ donde pueden encontrarse sustancias prohibidas, prostitución o grupos de personas que ejercen la violencia contra otros presos.

De igual manera, el organismo autónomo indicó que en la mayoría de las prisiones estudiadas la sobrepoblación y el hacinamiento son una ‘‘constante’’; no hay acciones para atender incidentes violentos como fugas, motines o riñas; existe una gran carencia de personal médico y no hay actividades educativas o de capacitación para lograr una verdadera reinserción social.

Asimismo, la CNDH documentó que no hay una adecuada separación entre procesados y sentenciados; en algunos centros los internos permanecen hasta 18 horas sin poder salir de su celda; existen graves deficiencias en la higiene y la comida, y no se han puesto en marcha programas de atención para reos con necesidades especiales, como los seropositivos, los adultos mayores, los farmacodependientes o quienes presentan alguna discapacidad física.

Tras enfatizar que es ‘‘inaceptable’’ el autogobierno y la comisión de delitos al interior de las cárceles, el ombudsman indicó que la persistencia de dichos fenómenos sólo puede explicarse gracias a la complicidad y la corrupción de las autoridades encargadas de controlar esos centros.

Por tal razón, anunció que en breve le hará llegar una serie de recomendaciones a los gobiernos de los 31 estados y el Distrito Federal, para que éstos pongan en marcha acciones mediante las cuales traten de resolver esta problemática.

Cabe recordar que durante la presidencia de José Luis Soberanes, la CNDH emitió en 2002 y 2004 sendos informes especiales sobre la situación en las prisiones de México, en los cuales ya se daba cuenta de fenómenos como el hacinamiento, la insalubridad, falta de separación adecuada de los internos, aislamiento prolongado, consumo de drogas y corrupción.