uizá la armonización de la reforma educativa se convierta al final de cuentas en la solución del conflicto magisterial en Veracruz y abra paso a una nueva relación, sin siglas, más horizontal entre la administración estatal y la base de profesores, sin embargo, existen resistencias y desconfianza entre los docentes insurrectos porque la relación entre ambos no ha sido la mejor.

Inmersa en la movilización nacional –surgida ésta en gran parte debido a la incapacidad de las autoridades para establecer canales de comunicación ajenos a los filtros de las dirigencias formales, sin dejar de considerar por supuesto los contenidos negativos de la iniciativa presidencial– la subversión en la entidad ha adquirido un cariz diferente de sus similares en otros estados.

Aunque en principio se dio en un escenario de ruptura y polarización, lo cierto es que a la fecha existen cuando menos lo que parecen ser buenas intenciones para suavizar en la legislatura aquellos aspectos que ocasionaron el despertar de un grupo habitualmente poco dado a las expresiones públicas masivas de descontento.

Pero más allá de abrir el Congreso a los inconformes en el tema de la reforma educativa, se vio que aprovechando la coyuntura nacional, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano integró en su agenda la búsqueda de la democratización de los liderazgos de las secciones sindicales 56 y 32 del SNTE, particularmente en ésta última, donde se estableció desde hace más de 20 años el férreo control de la familia Callejas.

Así, en dos vías, por un lado, la negociación y el diálogo con el gobierno de la entidad, y por otro, la lucha al interior del SNTE, es que se halla en este momento la inédita revuelta veracruzana que hizo entrar en contradicción con su gremio a un anacrónico e inoperante esquema de relación sindical, que junto con el petrolero y otros reminiscentes de formas autoritarias, se encuentran en días y fechas oscuras.