l director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Javier Dávila Torres, reconoció ayer que las unidades médicas familiares (UMF) se encuentran en el límite
de sus capacidades, lo cual se hace patente por la saturación de pacientes, desabasto de medicamentos, desorden e insuficiencia del personal médico. A renglón seguido, el funcionario señaló que las UMF están en el olvido
porque se ha privilegiado el crecimiento de los grandes hospitales de alta especialidad, y dijo que la actual administración ha iniciado medidas para fortalecer el primer nivel de atención médica, entre las que destacan la recuperación de la figura del médico de cabecera
, la utilización de recetas resurtibles
y la optimización de los recursos.
Es innegable la importancia que tienen las UMF en la estructura de ese organismo de seguridad social, no sólo porque esas unidades fueron concebidas para fungir como primer punto de contacto entre los derechohabientes y la institución –donde idealmente deberían atenderse y solucionarse la mayor parte de los padecimientos–, sino también porque el correcto funcionamiento de esos centros está estrechamente vinculado con la prevención y la detección oportuna de enfermedades graves y, en consecuencia, con una atención médica eficiente y la reducción de costos para el instituto y el país.
En esa perspectiva, resulta en principio positivo que las propias autoridades reconozcan que tales centros están en el límite
de sus capacidades y que anuncien medidas para revertir la situación.
Sin embargo, las propuestas de solución enlistadas por el funcionario lucen como meros paliativos que no atienden las causas originarias de la crisis descrita. En efecto, debe recordarse que el deterioro en los servicios del IMSS está estrechamente relacionado con la aprobación de las reformas neoliberales a ese instituto entre 1995 y 1997, mediante las cuales se permitió la reducción de las cuotas patronales, se estructuró un seguro de salud con perfil deficitario y se traspasaron los fondos de retiro, cesantía y vejez –cuyas aportaciones constituían la principal fuente de reservas financieras del organismo– a las administradoras de fondos para el retiro (Afore). No deja de ser paradójico que mientras en las clínicas del IMSS persisten el desabasto, la insuficiencia de espacios y las deficiencias administrativas, las instituciones financieras encargadas de administrar los fondos de pensiones acumulen una bolsa que, con todo y las minusvalías
que sufren recurrentemente, asciende a más de dos billones de pesos.
La falta de capacidad o de voluntad para ver el daño causado por esas modificaciones legales a la principal institución de seguridad social del Estado mexicano se ha acompañado del surgimiento de diagnósticos errados y de chivos expiatorios para justificar, desde el discurso oficial, los males del instituto: no otra cosa es la pretensión de los gobiernos panistas de trasladar la responsabilidad por supuesta inviabilidad financiera del IMSS al régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores, campaña que ha llevado al desprestigio el principal activo de la institución, como son sus médicos, sus enfermeras y su personal administrativo.
La circunstancia que enfrentan actualmente las clínicas familiares del IMSS no es, pues, producto de una contingencia, sino de una monumental irresponsabilidad institucional o, en el peor de los casos, de un objetivo político largamente concebido con el fin de privatizar los servicios de salud del país. Tales consideraciones no deben escapar a los diagnósticos de las autoridades sobre los rezagos actuales del IMSS, ni a las propuestas oficiales orientadas a corregirlos.
