El Seguro Popular, la acción pública más emblemática y financiada del pasado sexenio, no tuvo efectos en las condiciones de salud de la población, tiene una mala distribución de personal médico y los usuarios deben esperar largo tiempo para obtener atención ambulatoria, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).

En la evaluación de desempeño del programa 2012-2013, apunta que hay una brecha entre lo que dicen las publicaciones oficiales del programa y la percepción del público, sobre todo en el acceso efectivo al servicio y la calidad de la atención. Entre los resultados de la evaluación destaca que hubo efectos en la reducción de gastos catastróficos y mayor probabilidad de uso de los servicios de salud de la población afiliada.

El documento refiere que aunque en 2012 se utilizó el concepto de universalidad voluntaria, que sugiere que la población sin seguridad social puede afiliarse al Seguro Popular, hay quienes se afiliarían o se mantendrían en el programa si el proceso fuera más sencillo y si los servicios cumplieran con la norma. La población no afiliada no carece de acceso sólo por preferir los servicios privados, sino por deficiencias en el acceso y la atención. Explica que este programa –que en 2012 tuvo un presupuesto ejercido de 64 mil millones de pesos– tiene como principal objetivo garantizar el acceso a servicios de salud a la población que carece de seguridad social y evitar que realice gastos catastróficos por atender problemas de salud. Con la inscripción al seguro se cuenta con un conjunto de intervenciones de salud y los estados son los responsables a escala local de la afiliación, la administración de los recursos, la supervisión de los prestadores de servicios y de sus pagos.

Afiliación de 51,8 millones de personas hasta 2011

El informe apunta que si se busca que el programa se convierta en un pilar de la protección social universal, es necesario que aplique mecanismos eficaces de seguimiento del gasto que aseguren que los fondos transferidos a los estados, y el financiamiento estatal comprometido, se apliquen a la infraestructura y al personal.

También señala que la cantidad de recursos existentes no es el factor determinante en la calidad de los servicios, sino la forma como se utilizan y operan.

Se aprecia una distribución inadecuada del personal médico, ya sea por zona geográfica, cargas de trabajo y horarios de atención. El mecanismo de acreditación de las unidades médicas es insuficiente para asegurar la calidad de la atención.

Refiere que 97 por ciento de los usuarios expresaron satisfacción, aunque se reportaron tiempos prolongados de espera para recibir la atención ambulatoria. Sumado a esto, menos de la mitad de los beneficiarios recibieron información sobre sus derechos en el momento de su inscripción.

Agrega que el Seguro Popular hasta 2011 tenía una afiliación de 51.8 millones de personas, y la cobertura universal todavía está en proceso, debido a que fue estimada con los nuevos datos de proyecciones del Coneval.