El líder de la Organización Popular de Productores de Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinados el domingo en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, en Coyuca de Benítez, fueron sepultados ayer en el panteón de la colonia Tierra y Libertad de ese municipio.

Entre los asistentes estuvieron alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como unos 300 habitantes de colonias fundadas por el dirigente de la OPPCG en Coyuca, la mayoría mujeres. También acudió el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz.

Organizaciones no gubernamentales encabezadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideraron que la administración del gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero aplica una campaña de aniquilamiento contra activistas como Olivares.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, a la que acudieron representantes de Tlachinollan, de la Red Guerrerense de Derechos Humanos y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, se criticó la pasividad de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, pues Olivares Enríquez solicitó medidas precautorias y el organismo sólo dijo que las estaba analizando, pero fue demasiado tarde.

En Chilpancingo, unos 400 campesinos de los municipios de Zumpango de Neri, Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo tomaron ayer las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para exigir apoyo a proyectos, reubicación y solución a conflictos agrarios, ente otros puntos.

En tanto, unos 300 policías comunitarios, maestros, damnificados y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcharon para demandar la presentación de Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, detenido el 6 de noviembre. Nos dicen que está en Oaxaca, pero nadie se ha podido comunicar con él, afirmó Arturo Campos Herrera, promotor de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.