Ante Nicole Ameline, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU, asociaciones civiles que combaten la trata de mujeres y niñas en el país, denunciaron a un grupo de senadoras, entre éstas a las panistas Adriana Dávila y Luisa María Calderón, de promover una contrarreforma que busca desactivar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, aprobada en 2012.

En misiva dirigida a Ameline, en la cual piden su urgente intervención, las fundaciones Camino a Casa; Sin Trata y Reintegra, y las asociaciones como Alto al Secuestro, México SOS y la Comisión Unidos contra la Trata de Personas, advierten que en su propuesta –que fue ya enviada a la Cámara de Diputados para que se aprueben los cambios a la ley–, las senadoras eliminan derechos que se habían ganado en favor de las víctimas de trata, entre ellos: el fondo de apoyo para su recuperación y las medidas especiales de protección que se les otorga durante una investigación criminal.

Además, modifican los delitos para que los delincuentes obtengan su libertad; promueven dar atención y protección genérica a las víctimas, sin atender sus necesidades específicas; permiten la libre publicación de anuncios solicitando y ofreciendo a mujeres, y eliminan herramientas y metodologías de investigación, en las cuales se favorece la extracción segura de la víctima del lugar de alojamiento o explotación.

Además de Dávila, presidenta la Comisión Especial contra la Trata de Personas del Senado, participaron en las propuestas de reformas, las priístas Lucero Saldaña y Margarita Flores, y la perredista Angélica de la Peña.

Patricia Caso, presidenta de la Fundación Camino a Casa, dijo a La Jornada que los cambios propuestos quitarían los dientes a la ley referida, apenas aprobada el año pasado y que ha representado el esfuerzo de varios años de lucha de organizaciones diversas que, como en el caso de Camino a Casa, se dedican a la rehabilitación y atención de las niñas y jóvenes víctimas de trata.

Además de pedir la intervención de la CEDAW, denuncian al Estado mexicano y al Senado por ignorar las recomendaciones que ese organismo de defensa de los derechos humanos de las mujeres de la ONU hizo en 2012, y de obstaculizar a las niñas y mujeres el acceso a la justicia y la reparación de daños.