Washington, 1º de noviembre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano crear políticas específicas para cuantificar y atender a la población que ha sido forzada a huir de sus hogares y localidades, por la violencia derivada del ­narcotráfico.

El representante del gobierno mexicano, Roberto Campa Cifrián, reconoció ante la CIDH que la violencia en algunas partes del país ha generado una situación de desplazamientos internos.

El subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación dijo también que existen diferencias en los tiempos de los diagnósticos, pero en lo fundamental estamos de acuerdo.

Durante el último día de audiencias convocadas por la CIDH para evaluar la situación de los derechos humanos en América Latina, el relator para México de esa comisión, Rodrigo Escobar, criticó que el Estado mexicano no tenga un registro exacto de los desplazados y que no haya un marco legal y políticas coordinadas para atender la problemática, que ha afectado a miles de familias, especialmente desde 2007.

Escobar valoró la gran evolución y avances importantes en los últimos años en materia de desplazados, ya que hasta no hace tanto, recordó, estaba altamente invisibilizado y se usaban una serie de eufemismos para no mostrar la verdad, en referencia a la negativa del entonces presidente Felipe Calderón a reconocer ese problema.

Sin embargo, consideró que en esa materia falta mucho por hacer , que se investiguen todos los casos para que se pueda conocer la verdad.

Laura Leal, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expuso que un análisis hecho a partir de diversas fuentes apunta a que la cifra de desplazados podría llegar a 170 mil personas, aunque los alcances reales se desconocen porque en algunos casos los afectados se esconden y evitan denunciar su situación ante el temor de represalias contra ellos o familiares.

Recordó que anteriormente el problema de desplazados estaba ligado a situaciones como disputa de tierra, intolerancia religiosa, construcción de megaproyectos y el conflicto zapatista a partir de 1994, pero la violencia provocada por el crimen organizado ha hecho que este sea un fenómeno de alcance nacional a partir de 2007.

La CIDH aprecia que se haya aprobado la Ley General de Víctimas, pero sin perjuicio de eso, sería muy importante avanzar hacia políticas públicas más específicas en la materia y hacia una ley federal sobre la cuestión del desplazamiento forzado interno, expuso a su vez el relator sobre los Derechos de los Migrantes, Felipe González.

Al respecto, la secretaria general del Consejo Nacional de Población de México (Conapo), Patricia Chemor Ruiz, aseguró que se está trabajando ya en el diagnóstico para averiguar la dimensión real del problema. Explicó que las autoridades mexicanas se topan con dificultades para separar las razones de la migración y en ocasiones quienes huyen de la violencia no quieren ser identificados.

Por la noche, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto para informar del contenido temático de las audiencias, así como la respuesta del gobierno mexicano, con el detalle de los programas que ha implementado.

Las dependencias señalan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a México seguir trabajando sobre los problemas que presentan estos temas y sus enormes retos en materia de derechos humanos.