urante algunos años a la capital del país se le consideró un tanto ajena a los fenómenos de la delincuencia organizada que ocurrían en otras partes del país. El caso del grupo de jóvenes que sufrieron una desaparición involuntaria en el bar Heaven de la Zona Rosa, sirvió en cambio como muestra clara de que no vivimos en una burbuja aislada de la realidad nacional.

No hay duda de que este caso no ha sido ni el único ni el primero que se ha de haber dado en esta ciudad. Sin embargo, las autoridades capitalinas no se habían visto confrontadas de esa manera ante la opinión pública. Lo que ha derivado no sólo en comentarios puntuales respecto a este hecho, sino también en posicionamientos claros sobre la realidad de la ciudad, las herramientas con las que las autoridades cuentan para prevenirlos y combatirlos, y los vicios e inercias de los encargados de la procuración de justicia para casos similares.

El 22 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 19/2013, relacionada con ése y tres casos más. La comisión dio muestras de que, a pesar de las tribulaciones derivadas de tener que sufrir políticas sucias, cuenta con un equipo profesional dispuesto a seguir señalando las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades capitalinas; por ello, la recomendación aborda de frente algunos puntos que pueden ser clave para evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.

Un punto fundamental es el que acredita que la procuraduría capitalina carece de lineamientos institucionales especializados para la investigación de desapariciones involuntarias. En efecto, al igual que en otros casos lamentables, como en los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, las autoridades no cuentan con protocolos de atención en casos de este tipo, en los que puede tenerse la sospecha de que las víctimas han sido objeto de una acción criminal, y en los que se requiere de un accionar inmediato de su parte.

En el caso en comento, la procuraduría capitalina perdió días clave, en los que la ausencia de lineamientos especializados generó omisiones en la investigación, que han dificultado el esclarecimiento de los hechos; y tuvo omisiones e irregularidades que privaron a las y los agraviados del acceso a la justicia y a la protección que debe brindar la ley.

Por otra parte, se destaca la necesidad de identificar las cosas por su nombre, y no disfrazar los hechos o desviar la atención de la opinión pública, tal y como lo señaló el presidente interino de la CDHDF: “Estamos hablando de desaparición involuntaria de personas. Los conceptos tienen contenidos y significados; nos ha preocupado desde un inicio que se hable de personas ‘extraviadas’ o ‘ausentes’. Hemos ubicado que incluso, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, han surgido nuevos conceptos, que lo único que hacen es diluir la responsabilidad de las autoridades”.

Estas palabras tienen un gran peso, toda vez que no sólo en las autoridades capitalinas, sino también en las del resto del país, la activación de las tareas de investigación se presenta demasiado tarde. En efecto, en general las autoridades se muestran reticentes a actuar, y ponderan con resultados lamentables la duda de que si una persona no llega a casa, es porque muy probablemente se encuentre de parranda; y esperan hasta 48 horas para implementar protocolos adecuados de investigación, perdiendo con ello momentos clave.

Los puntos recomendatorios, dirigidos a la procuraduría capitalina y al Gobierno del Distrito Federal, abordan la necesidad de que se continúe con la investigación, a efecto de determinar en un plazo razonable el paradero o suerte final de todas las personas desaparecidas; que se respete el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de los desaparecidos, y que se den las facilidades para que las familias de las víctimas tengan la posibilidad de contrastar con expertos independientes los resultados de los peritajes oficiales.

De igual forma se establece la necesidad de crear un mecanismo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas; la celebración de convenios con las autoridades pertinentes y, por supuesto, la disculpa pública; la reparación integral del daño, y el deslinde de responsabilidades de los servidores públicos involucrados en las violaciones. Por otra parte, se pide al gobierno capitalino acompañar todas estas acciones, así como evaluar las políticas de juventudes existentes.

Esto es fundamental, pues no debemos olvidar que, junto con la recomendación 11/2008 sobre el tristemente célebre caso News Divine, ha habido una serie de recomendaciones cuyas víctimas son jóvenes, y resulta evidente que no existe una política integral y adecuada de juventudes, que permita prevenir que este sector vea sus derechos humanos frecuentemente violentados.

Hay, sin embargo, un punto preocupante en el pronunciamiento de la CDHDF, y es el hecho de que, al momento de la emisión del instrumento recomendatorio, se hizo el anuncio de que había servidores públicos detenidos como consecuencia de las investigaciones. Se tendrá que determinar bien la participación de autoridades en estos hechos, toda vez que podría llevarnos a hablar de desaparición forzada, en lugar de desapariciones involuntarias, y, en su caso, de ejecuciones extrajudiciales. Dos violaciones graves a los derechos humanos que no pueden tolerarse en ninguna parte del país.