El Gobierno del Distrito Federal (GDF) considera a las marchas, mítines y otras manifestaciones sociales como problemas que deben ser retirados de las calles, y no como ejercicios ciudadanos dignos de respeto, como lo demuestra la actuación de los granaderos de la ciudad en la pasada marcha del 2 de octubre, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Al presentar los resultados de un informe sobre las agresiones sufridas por cinco de sus integrantes a manos de agentes policiacos durante la mencionada caminata, el colectivo subrayó que la responsabilidad de lo ocurrido no puede caer solamente en los granaderos, sino también en quienes diseñaron, aplicaron y supervisaron el operativo.

Víctor Hugo Carlos Banda, abogado del Prodh, lamentó que para el Estado las marchas sean por sí mismas un problema que debe ser removido, criminalizando de esta forma la protesta social mediante una visión policiaca del descontento.

El despliegue policiaco piensa en cómo limitar ese ejercicio, en vez de como garantizar libertades ciudadanas. No debe ser un cuerpo policiaco numeroso en exceso quién interactúa con los manifestantes, porque además no lo hacen para dialogar sino para realizar detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, aseveró.

Araceli Olivos, también litigante de la organización, subrayó por su parte que es increíble que en una institución altamente vertical y jerárquica como la policía, no se puedan atribuir responsabilidades específicas por las agresiones ocurridas en la marcha del pasado 2 de octubre.

Por tal razón, añadió, el Prodh señala que las fallas o abusos en el operativo alcanzan al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; el secretario de gobierno local, Héctor Serrano; el subsecretario Juan José García; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida; el procurador Rodolfo Ríos Garza y el jefe de la policía de investigación, Raúl Peralta Alvarado.

Por todo ello, la organización de derechos humanos exigió que los funcionarios señalados admitan su responsabilidad, inicien una investigación sobre lo ocurrido y publiquen todos los informes existentes a propósito de los excesos policiacos.

Asimismo, demandó que el gobierno capitalino desarrolle políticas públicas basadas en los derechos humanos, despolicialice las marchas, desaparezca el cuerpo de granaderos y termine con el uso de agentes vestidos de civil, quienes en muchas ocasiones se dedican a realizar detenciones arbitrarias.