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Critica enérgicamente la vulnerabilidad que enfrentan familias en la región

ONG condena el asesinato de 5 jornaleros que fueron hallados el martes en Michoacán

Exige la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de los trabajadores

Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de octubre de 2013, p. 17

Chilpancingo, 30 de octubre.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan condenó y enérgicamente la muerte de cinco jornaleros originarios de la comunidad Tlapa de Comonfort, en de la zona montañosa del estado de Guerrero. Sus cuerpos fueron hallados por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán el pasado martes en el municipio de Yerécuaro, Michoacán.

En un comunicado de prensa, señaló que Macedonio Mariano Pacheco, Sergio Mariano Hurtado y Antonino Bravo Parra, trabajaban en un campo agrícola de esa localidad michoacana el 28 de octubre. Al percatarse de que no regresaban a su vivienda, sus compañeros Jorge García Mariano y Alberto Hurtado Gálvez salieron a buscarlos por la tarde, pero lamentablemente ellos tampoco volvieron.

Un día después, agregó, los familiares acudieron ante el Ministerio Público de Tanhuato, Michoacán, a solicitar la intervención de las autoridades para la búsqueda y localización de los jornaleros desaparecidos. “Los cuerpos sin vida de los cinco trabajadores agrícolas fueron localizados en dos vehículos en el kilómetro tres de la carretera La Piedad-Yurécuaro, Michoacán.

Los hechos evidencian la situación de vulnerabilidad en que se encuentran miles de familias jornaleras de la montaña que se desplazan a los campos agrícolas en busca de trabajo para garantizar su subsistencia. Esta condición de indefensión no es sólo consecuencia de las condiciones laborales de semiesclavitud, sino también de la acción impune de actores vinculados a la delincuencia organizada, que controlan amplias franjas de los territorios rurales, manifestó.

Precisó que entre 2006 y 2013 más de 49 mil jornaleros han migrado desde la montaña a 16 entidades, donde con frecuencia sus derechos son violados, por lo que demandó la intervención inmediata de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán para realizar las investigaciones correspondientes y garantizar la protección a los familiares y compañeros de trabajo.