Dirigentes de PAN y PRI criticaron la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de ocultar el informe que revela el desorden administrativo en ese organismo y exigieron que se haga público lo antes posible.

Además, el secretario de Acción Electoral del PRI, Samuel Aguilar Solís, consideró que los consejeros actuaron con alto grado de irresponsabilidad al posponer la redistritación electoral que estaría vigente en los comicios de 2015. Fue una decisión literalmente tomada sobre las rodillas y sin ningún argumento técnico.

Acerca del informe de la empresa Deloitte, el priísta subrayó que toda la información del sector publico, incluyendo la de las autoridades electorales, debe darse de manera transparente. Ya no es tiempo, salvo en casos de seguridad nacional, que existan cosas bajo reserva.

El diputado federal panista Rubén Camarillo dijo no ver algún problema en que se difunda dicho estudio. Como cualquier otra institución, el IFE tiene áreas por mejorar y si ese fue el propósito del análisis, debería hacerse público. Comentó que varios consejeros ya se van y la publicitación del mismo no les afecta.

Maximiliano Córtazar, también diputado federal e integrante del CEN panista, consideró sano que se conozca y transparente algo que posiblemente sea bueno para el IFE; es un análisis que no sólo se hace en el órgano electoral, sino en todas las instituciones públicas y del sector privado, y tiene como finalidad ver cómo está la eficacia de las organizaciones.

Por su lado, Fernando Rodríguez Doval, integrante del Consejo Nacional del PAN, mencionó que su partido siempre ha estado en favor de la transparencia y la sesión del lunes del Consejo General del IFE hubiera sido el momento adecuado para mostrar ese informe. Esperemos que en la próxima sesión se dé a conocer y se subsanen los problemas.

En entrevista, el priísta Samuel Aguilar se refirió también a la decisión del IFE de posponer la redistritación. Advirtió de graves riesgos en caso de no tener lista la cartografía electoral para el próximo proceso. Uno de ellos, explicó, es que las elecciones de 2015, 2018 y 2021 se realicen con una división basada en el censo de 2000, lo que implicaría un enorme desfase poblacional.

Criticó que los consejeros tomaran esa decisión con el argumento de que el entorno político no era idóneo debido a que hay una propuesta de reforma política. Pero aclaró que aún no hay certeza de dicha reforma, por lo que con esa decisión se echó abajo un trabajo técnico profesional de más de un año, donde los partidos hicieron observaciones. Fue una decisión de alto grado de irresponsabilidad.