Por mayoría de siete a uno, con la sola objeción del consejero presidente, Leonardo Valdés, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó aplazar la aprobación del proyecto de redistritación, que tenía previsto para este lunes. Con el argumento de la prudencia, un entorno político donde se discute una reforma electoral y en atención a las objeciones técnicas de cuatro de los siete partidos, se avaló la posposición a propuesta del consejero Benito Nacif.

Nacif aludió que el debate sobre la reforma electoral que está en curso y la posible creación del instituto nacional de elecciones (INE) eventualmente podrían modificar los escenarios y revertir decisiones que se adoptaran sobre el particular. ‘‘Aplazar la discusión y aprobación nos permitiría tomar esta decisión con estricto apego a la Constituición, la cual dispone que los recursos públicos deben utilizarse con eficiencia’’. dijo.

A su vez, la también consejera electoral María Marván, quien preside la Comisión del Registro Federal de Electores, que condujo las discusiones técnicas, dijo: ‘‘Tenemos una distritación defendible, sus resultados garantizan el cumplimiento de las características asociadas, como la continuidad en los distritos, su compacidad geométrica y respeto a la integridad a las comunidades’’. Sin embargo, reconoció que no es fácil tomar una decisión en este momento con un consejo incompleto, ‘‘y en esta situación creo que la decisión menos mala es de la posposición’’.

En medio de objeciones de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, con el respaldo del PRI y del PVEM, Valdés Zurita defendió el proyecto y cuestionó la legalidad de devolverlo. Tras resumir el largo camino para su elaboración, dijo que el IFE no podía actuar con base en especulaciones sobre una eventual reforma electoral, pues a su juicio ninguna de las propuestas legislativas al respecto tiene viabilidad para ser aprobada.

Ante los argumentos partidistas de que no era imperioso aprobarla, Valdés dijo que es necesaria su aprobación para que el IFE pueda estar debidamente integrado para el próximo proceso electoral. Lorenzo Córdova apuntó que la propuesta tenía en su soporte técnico un blindaje político, si bien reconoció que los partidos han hecho sus valoraciones que aluden sobre datos electorales, pero que no son criterios constitucionales.