Río de Janeiro, 28 de octubre.

La justicia brasileña ordenó la suspensión inmediata de las obras de construcción de una gigantesca planta hidroeléctrica en la Amazonia, la polémica central de Belo Monte, destinada a generar hasta 11 mil 223 megavatios de energía, a la que se oponen ecologistas y ambientalistas.

El juez Antonio Souza Prudente decidió retirar la licencia ambiental y parar los trabajos de la hidroeléctrica, ubicada en el estado de Pará (norte), a orillas del río Xingú, al determinar que hay compromisos socioambientales que fueron postergados sin cumplimiento y que aun así fue entregado el permiso que autoriza la obra.

En su resolución, publicada hoy, el magistrado del Tribunal Regional Federal acepta los argumentos del Ministerio Público, el cual cuestionó la viabilidad ambiental del principal proyecto energético del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), lanzado la década pasada por el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

El gobierno incumplió programas

Prudente sostiene que el gobierno no puso en marcha los programas prometidos de educación ambiental ni adoptó medidas para preservar la fauna acuática y para monitorear el impacto socioeconómico del proyecto. Están atropellando la legislación y haciendo lo que quieren en Belo Monte, subrayó.

En el fallo, el juzgador también prohíbe la transferencia de recursos para el proyecto por el organismo estatal de fomento, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que financia la obra, hasta que sean cumplidas todas las exigencias para continuar los trabajos de la hidroeléctrica, la cual está siendo edificada por el consorcio privado Norte Energía.

Nadie está en contra de las hidroeléctricas ni del progreso del país. Tampoco del PAC. Pero las compañías tienen que cumplir la legislación ambiental. Es un tema de soberanía. Si no, demostraremos que somos tierra de nadie y el mundo entero está vigilando esa planta, agregó Prudente en su resolución, de 24 páginas, publicada por el diario O Estado de Minas.

El proyecto enfrenta duras críticas de ambientalistas y de las poblaciones indígenas de la región, los cuales denuncian el gran impacto socioambiental y en reiteradas ocasiones ocuparon varios días el lugar de las obras y obligaron a suspender el desarrollo del proyecto.