Vendedores en puestos fijos y semifijos de la delegación Tlalpan denunciaron que personal de la delegación les pidió, por órdenes directas de Maricela Contreras Julián, titular de la demarcación, cinco millones de pesos (una vez), más un millón de pesos mensuales para permitirles continuar con su labor. Horas después, las autoridades negaron la acusación.

La lideresa de la Asociación Civil Comerciantes Unidos La Esperanza, María de los Ángeles García Grimaldo, acusó a Contreras Julián de haber iniciado una guerra para desaparecerlos, por negarse a pagar los montos solicitados en enero de este año por diversos funcionarios de la delegación. Los más recientes fueron identificados como Enrique Álvarez y Esperanza Morales, del área de Mercados y Vía Pública, dijo.

García Grimaldo expresó, en conferencia de prensa, que la funcionaria (Esperanza Morales) nos llamó para decirnos que la delegada quería estar bien con nosotros; que la mejor forma de ayudarnos era que le diéramos cinco millones de pesos (una vez), además de un millón de pesos mensual, y que no nos pedirían los permisos para expender en la vía pública.

Tras la negativa, se incrementó el golpeteo a nuestra organización, dijo. Por conducto de funcionarios y dirigentes de otros grupos de vendedores en vía pública, quienes se han incorporado a los lugares de trabajo de los desplazados, alrededor de 50, de 600 comerciantes que integran la asociación.

Horas más tarde, la jefa delegacional negó la acusación. Aseguró que dicha agrupación debe al erario 10.8 millones de pesos de impuestos, y que una de las molestias de sus integrantes es que no obtuvieron posiciones en la estructura de gobierno, como sucedió en la administración pasada, donde pudieron imponer a gente de su confianza, como Alejandro Roldán, quien fungió como subdirector de Vía Pública.

En un comunicado asegura que, de los mil 94 comerciantes de dicha organización, sólo 770 se encuentran dados de alta en el Sistema de Incorporación del Comercio en Vía Pública.