Aunque el gobierno de México ha presentado varias iniciativas legales en materia de derechos humanos, no ha hecho lo suficiente para llevarlas a la práctica ni ha ratificado convenios internacionales para demostrar su compromiso en este ámbito, señalaron diversas organizaciones de la sociedad civil.

Durante la pasada sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –celebrada el miércoles anterior en Ginebra, Suiza–, los colectivos presentaron una serie de observaciones al informe oficial elaborado por las autoridades del país en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).

Aunque el gobierno mexicano, a través del canciller José Antonio Meade, aseguró que la defensa y protección de los derechos humanos es una tarea indeclinable, no ha aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y mantiene una reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, relacionada con el fuero militar, mencionaron los colectivos.

Las organizaciones –entre las que figuran Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– subrayaron que a pesar de la reforma constitucional de derechos humanos firmada en junio de 2011, no se han expedido las correspondientes leyes secundarias ni se ha avanzado en la armonización de las constituciones locales.

En el mismo sentido, destacaron que la figura del arraigo no ha sido eliminada, pese a que constituye una violación grave de los derechos de los detenidos; no se ha ajustado la definición de tortura de acuerdo a las convenciones internacionales en la materia, ni se ha tipificado adecuadamente ese crimen de lesa humanidad en los códigos penales de todos los estados.

Asimismo, las organizaciones de derechos humanos lamentaron que la forma de catalogar la desaparición forzada en México no se ajuste a los estándares aceptados a nivel internacional, como tampoco los derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.

Medidas limitadas e ineficaces

Los colectivos participantes en Ginebra apuntaron que la capacidad e imparcialidad de muchas instituciones de derechos humanos seguían siendo limitadas a pesar de las medidas legales implementadas por el gobierno del país para fortalecerlas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejemplificaron, realiza una importante labor de investigación, pero con frecuencia es ineficaz a la hora de lograr que se cumplan sus recomendaciones.

Además, consideraron que el Programa Nacional de Derechos Humanos estaba en gran medida sin cumplir, el nuevo gobierno aún no ha mantenido consultas con la sociedad civil el plan ni ha creado ningún mecanismo incluyente para dar seguimiento a las recomendaciones del pasado EPU, celebrado en 2009.

Los colectivos añadieron que México ha tenido una respuesta negligente para cumplir las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de activistas amenazados u hostigados, y no ha diseñado políticas para el pleno ejercicio de los derechos de los sectores más vulnerables.

Recalcaron que el gobierno sigue aplicando una estrategia de seguridad pública basada en la participación de las fuerzas armadas y no ha hecho progresos en cuanto a la rendición de cuentas por las víctimas de desaparición forzada del sexenio anterior y de la llamada guerra sucia.

Las observaciones completas, contenidas en un documento de 20 páginas, pueden revisarse en la página web.