l Banco de México celebró el vigésimo aniversario de las modificaciones salinistas a sus documentos legales. En aquel 1993, en sintonía con los cambios realizados en el sector real y en el financiero que redujeron sustancialmente la presencia estatal en la economía y en el sistema bancario, el grupo en el poder reformó el artículo 28 constitucional en relación con el mandato del banco central y con su definición como una entidad gubernamental. A partir de entonces el banco de México se transformó en una entidad autónoma del gobierno federal y del Legislativo y se le asignó el mandato de la estabilidad de precios.
La celebración consistió en un evento académico-político, al que fueron invitados los actores de los hechos de 1993: los entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe; el director general del Banco de México, Miguel Mancera, así como los actores actuales: Peña Nieto, Videgaray y Carstens. Se convocó a Guillermo Ortiz, con lo que se completó el cuadro de los tres gobernadores del BdeM posteriores a la reforma. Hubo también invitados de otros bancos centrales, así como destacados representantes de la ortodoxia académica en teoría monetaria, entre los primeros destaca Bernanke y entre los segundos J. Taylor, autor de la regla de Taylor que juzga las decisiones de la Fed.
Los participantes mexicanos mencionados, más funcionarios pasados y actuales del banco central autónomo, alabaron los inmensos méritos del BdeM en la consecución del objetivo de disminuir la inflación. Peña y Videgaray, además, advirtieron que pese a haber voces bienintencionadas
que piden replantear el mandato único, incorporando el objetivo del crecimiento económico y la generación de empleo, éste se mantendrá sin cambio, dados los excelentes resultados obtenidos. El planteo de Videgaray, extremadamente simplista, propone una comparación entre las inflaciones de la década de los ochenta con las obtenidas en los últimos 12 años lo que es desafortunado, ya que hace abstracción de la influencia de la inflación mundial sobre la economía mexicana.
Los comentarios del Presidente y del secretario de Hacienda olvidan el debate fundamental sobre la función del banco central. Efectivamente, desde que se le dio el mandato único la inflación ha estado esencialmente controlada y relativamente próxima a la meta que el mismo banco estableció. El problema central no ese ése. Se trata de estimar el costo en términos de crecimiento y de empleos que ha significado la consecución de ese resultado y, más importante aún, averiguar si los ciudadanos hubiesen preferido más inflación, junto con mayor crecimiento y reducción del desempleo formal y de la enorme informalidad urbana.
El planteo de esta discusión tiene que incorporar el estado de la economía. Una política monetaria concentrada en reducir la inflación en tiempos de crecimiento puede tener cierta validez, pero probablemente no se justifica o incluso es inadecuada en tiempos de desaceleración económica o, peor aún, en épocas recesivas. Estos 20 años en conjunto no han sido especialmente buenos para la economía mexicana, ya que se logró un crecimiento del PIB promedio anual de apenas 2.6 por ciento. Si a este crecimiento se resta el incremento poblacional del orden de 1.6 por ciento anual, resulta un incremento del producto per cápita de sólo uno por ciento anual.
¿Cuánto más hubiéramos crecido si el Banco de México se hubiera ocupado de conseguir una estabilidad de precios compatible con un nivel de crecimiento de 3.5 por ciento anual promedio? ¿Cuántos nuevos empleos se habrían creado si se hubiesen logrado estas tasas de incremento del producto? Lo que resulta evidente es que se han perdido varios puntos de crecimiento del producto y miles de nuevos puestos de trabajo. Por ello, urge someter a discusión legislativa el mandato único de nuestro banco central, para valorar la conveniencia de su permanencia. La iniciativa de reforma financiera que está en estos momentos en el Senado abre la puerta para este debate. ¡No lo desaprovechemos!
