Estados
Ver día anteriorJueves 24 de octubre de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Alertan sobre asamblea ejidal espuria y violación de un amparo

Opositores a megadesarrollo turístico en Jalisco denuncian amenazas de muerte
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 24 de octubre de 2013, p. 36

Guadalajara, Jal., 23 de octubre.

Comuneros del ejido José María Morelos, municipio de Tomatlán, y los abogados de éstos aseguraron que han recibido amenazas de muerte de personas presuntamente ligadas a la sociedad formada por el gobierno de Jalisco y la empresa Rasaland para construir un complejo turístico en playas de Chalacatepec, proyecto que está detenido por un amparo en favor de los pobladores.

En un documento enviado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, los denunciantes señalan que las personas amenazadas son el secretario del comisariado ejidal, Bartolo Camarena; el presidente del consejo de vigilancia, J. Guadalupe Valadés Parra, y dos secretarios de ese consejo, además de los abogados Pedro León Corrales y José Luis García Vázquez.

El también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala dijo que este miércoles la mayoría de los ejidatarios decidió posponer la renovación del comisariado y denunció que, con apoyo del gobierno estatal, se realizó una asamblea paralela que nombró directivos.

Entrevistado vía telefónica mientras se dirigía a Guadalajara desde Chalacatepec, el defensor denunció que, en violación del amparo 711/2013 de abril pasado, radicado en el juzgado quinto de distrito en materia administrativa y de trabajo, comenzaron a realizarse obras en la aeropista.

Para construir el nuevo Cancún, como lo llamó el ex gobernador Emilio González Márquez (en realidad se llama Vistas Chalacatepec), en 2009 el Instituto de Pensiones del Estado y la empresa Rasaland crearon un fideicomiso con 189 millones de dólares, con ahorros de los burócratas del estado.

El nuevo gobierno estatal busca reactivar el proyecto, pero los pobladores demandan a los administradores de la empresa que les paguen lo justo o que los hagan socios.