La Cámara de Diputados avaló la reforma propuesta por el Ejecutivo para que las secretarías de Hacienda y Salud controlen el Sistema Nacional de Protección en Salud (SNPS), y realizar la compra consolidada de medicamentos, medida que sin embargo fue rechazada por legisladores de oposición, con el argumento de que la corrupción en esas adquisiciones pasará de las entidades al gobierno federal.

La reforma permite que la administración federal transfiera recursos en especie a los sistemas estatales de salud, o realizar pagos a cuenta de terceros para los fondos que deban ser transferidos a las entidades y al Distrito Federal.

Con los cambios a la Ley General de Salud, se abre la puerta a la adquisición consolidada de medicamentos. La falta de surtimiento es uno de los reclamos más recurrentes de los usuarios del SNPS, ante ello, el dictamen propone que se permitirá acceder a economías de escala, lo cual generará ahorros en su adquisición.

El PRI explicó que al requerir el aval de Hacienda para la transferencia del presupuesto a salud en los estados, e incluir nuevas medidas en el uso de los fondos, como administrarlos en cuentas bancarias específicas, se terminará con el desvío de recursos destinados a la atención médica.

Incluso, la reforma considera prisión de cuatro a siete años con objeto de evitar, en la medida de lo posible (sic), el desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos.

La diputada María García (PRI) refirió que las modificaciones a la citada ley “quitan los desequilibrios en el sector salud, el predominio del pago de bolsillo, y que los recursos insuficientes a los estados se puedan cubrir de mejor manera.

También, el priísta Leobardo Alcalá sostuvo que al consolidarse el sistema de salud se permite a la Secretaría de Salud (Ssa) intervenir en la fiscalización de los fondos de atención médica.

Ante las críticas de PRD, PT y Movimiento Ciudadano por la concentración de funciones en Hacienda y la Ssa, Alcalá expresó: ¡Nada les gusta, carajo!

El presidente de la Comisión de Vigilancia, José Luis Muñoz Soria (PRD), aclaró que la Secretaría de Salud no tiene atribuciones de fiscalización, sino que éstas son exclusivas de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado Manuel Huerta (PT) refirió que la responsabilidad del desvío de fondos destinados a la salud ha sido de los gobernadores del PRI, y ejemplificó con el caso de Tabasco, con Andrés Granier Melo.

Háganse cargo del problema de salud en este país y de sus gobernadores. Lo que se quiere ahora es fomentar la corrupción. Esta no es una reforma en materia de salud, sino financiera, afirmó.