De al menos 3 mil 500 sentencias emitidas por integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) entre enero y septiembre pasados, 95 por ciento incluyeron el análisis de tratados internacionales relacionados con derechos humanos, en atención al principio de convencionalidad, que obliga a los jueces mexicanos a respetar los derechos fundamentales de las personas al momento de emitir un fallo, indicaron jueces y magistrados federales consultados por La Jornada.

Refirieron que quienes aún no cumplen a cabalidad el ordenamiento del artículo primero de la Constitución (aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las resoluciones administrativas y/o judiciales de autoridades mexicanas) son las policías federal, estatales y municipales, los militares y los agentes del Ministerio Público (MP).

Natural y explicable, acusación de AI

Es natural y explicable que Amnistía Internacional (AI) considere que en México aún imperan las detenciones arbitrarias, torturas, tratos vejatorios y desapariciones forzadas, porque el punto flaco está en las autoridades policiacas, en los agentes del MP y en los militares, que siguen sin respetar a cabalidad los derechos humanos de las personas, sostuvo un magistrado de un tribunal unitario de circuito.

Con él coincidieron otros dos magistrados federales quienes pidieron el anonimato.

El pasado lunes, AI consideró que a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto asegura en su informe a la ONU que se han logrado importantes avances para garantizar la promoción y protección de las garantías fundamentales, el hecho es que las detenciones arbitrarias, torturas, tratos vejatorios y desapariciones continúan impactando la vida de miles de mexicanos, lamentó Rupert Knox, investigador para México del organismo.

Las optimistas palabras de las autoridades mexicanas sobre la situación de los derechos humanos guardan poca concordancia con sus acciones reales, señaló el organismo internacional en un comunicado fechado en Londres.

El pasado 4 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, por amplia mayoría, que los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados por México tienen rango constitucional.

Aclaró que deberá respetarse la Carta Magna ante un caso de posible oposición entre un tratado y algunas de las restricciones a derechos humanos previstas en la misma Constitución.