La Comisión de Justicia del Senado aprobó ayer por unanimidad una reforma al Código Penal Federal en materia de indulto. Adicionó el artículo 97 bis para que el Presidente de la República, a petición de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, pueda solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal concederlo no sólo por cuestiones políticas y sociales, sino cuando haya indicios consistentes de que existan violaciones graves a los derechos humanos de un sentenciado.

En la reunión de la comisión, durante la discusión de ese dictamen, el presidente de la misma, Roberto Gil Zuarth, insistió ante senadores del PRI y de su partido en que el caso del maestro indígena de Chiapas Alberto Patishtán es de justicia. Se encuentra preso por pobre, se violó el debido proceso, se fabricó un culpable y se violaron sus derechos humanos.

Durante la discusión se había agendado en la comisión una ley de amnistía y/o a las modificaciones al Código Penal Federal. Gil Zuarth explicó que no procedía la ley de amnistía, porque ésta necesariamente tiene que comprender a un grupo en una circunstancia penal o delictiva, pero no es el caso. Por ello no era el modelo adecuado. Entonces se buscó una solución armónica. Encontramos reformar el mecanismo del indulto cuando existan claras evidencias de que se violaron los derechos constitucionales, que una persona es inocente y ya no existen mecanismos dentro de la justicia para reconocer su inocencia.