Por amplia mayoría, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron anoche el acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) que dedica sólo a mujeres un concurso para ocupar 106 plazas en el servicio profesional electoral.

En respaldo del convenio mencionaron tratados internacionales, según los cuales se deben promover acciones para lograr mayor equidad de género.

Sin embargo, durante la sesión pública se presentaron dos proyectos excluyentes. Uno fue promovido por el magistrado Flavio Galván, el cual planteaba revocar el acuerdo porque no excluía completamente a los varones de participar en dicho concurso, lo cual incumplía un principio de proporcionalidad que fija la Constitución.

Su proyecto, que fue derrotado, sostenía que si bien el objetivo era válido, debía plantearse en proporcionalidad para no ser excluyente.

Al justificar la medida, en el proyecto propuesto por María del Carmen Alanís –avalado por los otros cinco magistrados– se estipula que México ha firmado convenios internacionales, en los cuales se obliga a establecer acciones afirmativas y temporales para buscar la equidad de género.

Alanís destacó que el acuerdo del IFE tiende a revertir una desigualdad de facto en esa parte de la estructura del organismo, particularmente acentuada en el nivel de mayor jerarquía.

En respaldo del convenio, el magistrado Pedro Penagos aseguró que en todo sistema democrático esas medidas deben atender criterios de excepcionalidad para revertir una vulnerabiliad y discriminación históricas.

Penagos se pronunció en favor del acuerdo porque 22 por ciento del personal del servicio profesional electoral está integrado por mujeres y 78 por ciento por hombres, por lo cual, expuso, se justifica por esta única vez la exclusión de los hombres para elevar a 25 por ciento la proporción femenina.

Para el magistrado Manuel González Oropeza ambos proyectos tenían razones legales importantes, pero lamentablemente son excluyentes. Dijo que se pronunciaba por el acuerdo del IFE en la medida en que es necesario respetar la igualdad. También son claros los argumentos que promueven las acciones afirmativas y para el caso era necesario impulsar el proyecto en favor del derecho que más debe protegerse.