adrid y su alcaldesa, la ultraconservadora Ana Botella, caminan de la mano en su particular viaje por el tiempo. Para algunos –cada vez más– la capital española, la urbe, que aspiraba a ganar unos Juegos Olímpicos, se está convirtiendo en un lugar oscuro, en el que casi todo está prohibido y, como en los peores tiempos del pasado, donde se persigue con severidad a disidentes, mendigos o a los pobres.

La última ordenanza municipal de la alcaldesa, también esposa del ex presidente José María Aznar, escandalizó incluso a algunos sectores de la derecha española, que, conforme avanza la crisis y sus secuelas devastadoras en la sociedad, se escora cada vez más a la derecha.

Entre las medidas que adoptó desde su despacho de lujo destacan multar con 750 euros (13 mil pesos) a los mendigos que pidan limosna a las afueras de un centro comercial; o a los músicos que toquen en la calle sin antes haberse sometido a una especie de casting en el que los funcionarios determinarán si su música es de calidad; o a todas las personas que vendan pañuelos o chicles en los semáforos –que en los años pasados aumentaron sensiblemente–; o los que limpien parabrisas o molesten a las personas que viajan en su vehículo.

Se multará con tres mil euros (50 mil pesos) a las personas que contraten servicios sexuales en la calle, se considera agravante que la negociación de esta práctica se haga en las inmediaciones de escuelas, parques infantiles o centros comerciales.

Para rematar, lo que algunos llaman el peor retroceso en derechos desde la dictadura fascista de Francisco Franco, a partir de ahora está prohibido acampar en espacios públicos. Esta medida está dedicada al movimiento ciudadano de los indignados, a los que la alcaldesa les advirtió en el símbolo de su protesta, la Puerta del Sol, sembraría arbolitos y pondría bancas para evitar nuevas acampadas.

Armando G. Tejeda, corresponsal