Dos juzgados federales que conocen de las demandas de amparo promovidas por grandes almacenes, notarios, vendedores de joyas y agencias automotrices, entre otros, contra la ley antilavado se negaron a suspender la implementación y las consecuencias jurídicas derivadas de esa norma, por lo que los comerciantes deberán seguir reportando ante las autoridades federales las operaciones en efectivo que realicen sus clientes.

Los juzgados segundo y sexto de distrito en materia administrativa recibieron durante septiembre al menos una veintena de demandas de amparo contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente desde el 17 de julio.

Los jueces señalaron que si se concediera la medida cautelar solicitada, serían transgredidas disposiciones de orden público.

La implementación de una ley específica en el combate (al lavado de dinero) se dio como mecanismo para prevenir e identificar acciones en las que se utiliza el sistema financiero para operar recursos de procedencia ilícita; entonces, la suspensión solicitada resulta improcedente, pues limitaría la aplicación de un ordenamiento normativo de orden público, resolvió el juzgado sexto.

Registros judiciales consultados por La Jornada indican que se han promovido al menos 65 amparos en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, Nuevo León, por las más grandes cadenas comerciales, como El Palacio de Hierro, Liverpool, Sanborns y Sears.

Los peticionarios del amparo cuestionan la constitucionalidad de artículos de esa legislación, enfocada a prevenir el lavado de dinero. La ley antilavado enlista actividades comerciales a las que identifica como vulnerables y obliga a empresas y profesionistas a generar numerosos avisos e informes para la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En general, las cadenas comerciales, las agencias automotrices, los notarios y los corredores públicos cuestionan siete artículos de esa ley, por considerar que violan derechos constitucionales de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, libre competencia económica y equidad tributaria.