Bogotá, 17 de octubre.

Casi 20 heridos y al menos cuatro detenidos dejaron choques entre miles de indígenas y la fuerza pública en el marco de una huelga que los nativos realizan desde el pasado lunes en varios departamentos de Colombia, informaron hoy fuentes oficiales.

La Minga (protesta) popular y social indígena fue organizada por diversos grupos étnicos de los departamentos de Cesar (norte), Cauca, Valle del Cauca (suroeste) y Nariño (sur), entre otros, para exigir al gobierno la mejora en sus condiciones de vida, así como el reconocimiento de la soberanía de sus territorios.

Al menos 6 mil indígenas que bloquean desde este jueves la carretera que comunica a Cali con Buenaventura, principal puerto en el Pacífico colombiano (Valle del Cauca), protagonizaron en la madrugada de hoy fuertes disturbios con la policía cuando los uniformados intentaron despejar el camino.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que durante los choques hubo un exceso de la fuerza pública que provocó heridas a 19 personas y señaló que un grupo de nativos fue retenido injustificadamente.

Cerca de 7 mil indígenas impiden el paso de vehículos en la carretera Panamericana que comunica a Colombia con Ecuador a la altura del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), mientras que más de 2 mil indígenas se concentran en los poblados de Caldono y Piendamó.

Entretanto, cientos de miembros de las etnias Kankuama, Wiwa y Yukpas, del norte del país, tomaron indefinidamente desde este miércoles la entrada del edificio de la Gobernación de Cesar en Valledupar, capital de ese departamento, impidiendo la entrada de los funcionarios.

Ante los desórdenes, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo hoy que el país está cansado de las manifestaciones violentas y los bloqueos en las carreteras. Iragorri reiteró además la disposición del gobierno de discutir con las comunidades indígenas las problemáticas siempre y cuando las protestas sean pacíficas.

Ratifican destitución de Piedad Córdoba el Congreso

La ex senadora Piedad Córdoba perdió su última batalla jurídica para volver al Congreso luego de que la Corte Constitucional le negó este jueves un recurso con el que pretendía impugnar una decisión de la Procuraduría, que la destituyó bajo acusaciones de nexos con la guerrilla y la inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta 2028.

La decisión de la Corte fue tomada por siete votos a favor y dos en contra de los nueve magistrados del alto tribunal, cuyos fallos son inapelables.

“Respeto fallo de @Cconstitucional más no lo comparto. El país no puede estar bajo el control de la Procuraduría, sea quien sea el procurador”, dijo Córdoba en un mensaje de su cuenta de Twitter.

Córdoba, a través de su abogado, alegó en el recurso de tutela ante la Corte que la Procuraduría General no tenía competencia ni para investigarla disciplinariamente ni mucho menos para destituirla, y que se le estaban violando sus derechos consagrados en la Constitución.