La juez rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, recibió ayer al empresario Juan Antonio Santana Ayala para escuchar su propuesta para reactivar a las empresas que integran el Nuevo Grupo Aeronáutico, y fijó el 25 de octubre como plazo para que el inversionista acredite los recursos necesarios para rescatar la aerolínea.

De forma paralela, la juzgadora trabajará con los principales acreedores del hangar de mantenimiento MRO para diseñar un instrumento que permita su rescate. El 29 de octubre evaluarán propuestas, pero hasta ahora los trabajadores no han sido convocados a esas reuniones.

En trabajos previos con los dirigentes sindicales de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y de confianza, Santana Ayala expuso que dispone de mil 500 millones de pesos que podrán ser acreditados en una cuenta bancaria radicada en México, en cuanto la juez disponga la diligencia.

De manera paralela, trabajadores e inversionista se reunieron para elaborar un convenio para el rescate que consiste en pedir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la suspensión de la relación de trabajo con Tenedora K por su insolvencia, y recuperar el derecho de cobrar los boletos que retienen Banorte y Bancomext.

El convenio incluye que los trabajadores serán poseedores de 24 por ciento de las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico; el inversionista reconocerá la propiedad de 5 por ciento de acciones de los pilotos y 20 por ciento del paquete accionario se dedicará a un fondo social propuesto por el propio inversionista.

Para asegurar la salud financiera se eliminará el esquema impuesto para la operación de las aerolíneas y se les devolverán sus atribuciones y negocios que les permitan ser sustentables.

El inversionista se compromete a respetar los contratos colectivos de trabajo e individuales, y a contratar a la mayor cantidad de trabajadores, conforme se desarrolle el plan de negocios.

La presentación de la propuesta de Juan Antonio Santana Ayala no está vinculada hasta ahora con la propuesta de la juez de integrar un fideicomiso con los principales acreedores de Mexicana para liquidar a los trabajadores con los recursos que genere el hangar de mantenimiento MRO, propuesta que se discutió en una reunión con Alarcón el martes pasado, pero a la que no fueron convocados los representantes de los trabajadores.

En reacción, los dirigentes sindicales enviaron una carta a la juez en la que le piden no caer en la tentación de interpretar lo que 8 mil 500 afectados quieren porque no es una liquidación sino recuperar su fuente de empleo.