La Procuraduría General de la República (PGR) se encamina a responsabilizar penalmente a ex funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste)  y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que participaron entre 1999 y 2011 en el otorgamiento de unos 10 millones de créditos hipotecarios en todo el país sobrevaluados hasta en 40 por ciento, informaron fuentes de esa dependencia.

Investigaciones de la PGR refieren que en esos años la SHF también otorgó financiamiento a constructoras de viviendas de bajo costo, pese a que no contaban con permisos de uso de suelo, o bien, aunque contaban con ellos, efectuaron la edificación de las casas y departamentos la en terrenos irregulares y/o peligrosos.

En su escrito de conclusiones, que consta en un oficio de las averiguaciones previas PGR/UEIDFF/FINM06/173/2009 y PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010, José Ángel Rodríguez Villarreal, agente del Ministerio Público de la Federación de la mesa seis, expuso que hubo desvíos de recursos públicos perfectamente acreditados.

Así, tenemos que la fuente de financiamiento para el cumplimiento del objeto señalado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, proviene de recursos del gobierno federal, así como de personas morales, quienes por conducto de sus funcionarios, consejeros o empleados, los aplicaron de forma distinta a la prescrita para dichos recursos; incluso, se hace necesario investigar las omisiones de los servidores públicos responsables de la supervisión de dichos recursos, concluyó Rodríguez Villarreal en un oficio del que tiene copia La Jornada.

Los fiscales de la PGR trabajan actualmente en la identificación de los probables responsables de este desvío de recursos públicos y/o fraudes cometidos en agravio de los beneficiarios de unos 10 millones de créditos.

De acuerdo con las fuentes ministeriales consultadas, la PGR citará a declarar en calidad de indiciados a Javier Gabito Mohar, ex director general de SHF, así como a Víctor Manuel Borrás Setién y a Manuel Pérez Cárdenas, ex director del Infonavit y ex vocal ejecutivo del Fovissste, respectivamente.

También citará a directivos de varias Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) implicadas en este asunto, cuyos nombres no fueron dados a conocer.

Según consta en las averiguaciones previas antes mencionadas, la PGR cuenta con diversas documentales públicas que acreditan los estados del país con más créditos hipotecarios e inmobiliarios sobrevaluados en perjuicio de la economía de miles de familias afectadas.

La lista la encabezan Baja California, Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Nayarit.

La sobrevaluación de viviendas hubiera sido imposible sin la participación de autoridades de los gobiernos estatales y de las presidencias municipales, toda vez que la legislación local en materia de asentamientos urbanos les da facultades exclusivas a esas autoridades para expedir los permisos de uso de suelo a las constructoras de conjuntos habitaciones. Sobre esa línea de investigación estamos trabajando, indicó un funcionario de la PGR que pidió el anonimato.

Construcciones en asentamientos irregulares

Agregó que esas legislaciones locales impiden a los funcionarios estatales y municipales conceder permisos de uso de suelo para la construcción de viviendas en asentamientos irregulares y peligrosos, como recién ocurrió en el caso de Acapulco, donde las casas de bajo costo fueron afectadas por las lluvias.

No son pocos los casos en que las constructoras vendieron casas que no cuentan con los servicios públicos (áreas verdes, parques, escuelas) que se ofrecieron al momento de la venta de las viviendas, lo cual es motivo de corresponsabilidad de autoridades municipales y estatales, pues éstas otorgaron los permisos para la entrega de las casas sin que las constructoras cumplieran con los contratos mercantiles.