En caso de aprobarse la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia energética el país perdería la protección prevista para el sector en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtió el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Ojalá el Congreso mexicano no dé el salto al vacío que supone aprobar una reforma constitucional en esas condiciones, señaló durante el debate sobre el tema organizado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.

En tanto, en los foros oficiales convocados por el Senado, el ex subsecretario de Energía Francisco Barnés de Castro se pronunció en favor de la modernización de Petróleos Mexicanos (Pemex), de un cambio de paradigma que le permita superar sus limitantes técnicas.

Aseguró que los contratos de utilidad compartida son los más difíciles de supervisar, ya que resulta muy difícil, si no es que imposible, auditar los verdaderos costos de producción.

Añadió que ese riesgo crece de forma considerable cuando se trata de un yacimiento con gran número de pozos, como ocurre en la explotación del gas lutita.

Manifestó que los modelos de licencia son los más sencillos y transparentes en su aplicación y son los que permiten al Estado maximizar la renta económica cuando los yacimientos presentan condiciones de muy alto riesgo.

Lo importante no es quién extrae el petróleo, sino como maximiza su renta petrolera.

En los foros perredistas, Navarrete sostuvo que en la iniciativa presidencial se pide al Congreso aprobar una carta blanca, ya que se trata de una reforma constitucional, sin que se conozcan sus alcances reales porque no se ha difundido el contenido de las leyes secundarias.

Tanto el embajador Navarrete como la diputada perredista Loreta Ortiz afirmaron que en caso de aprobarse los cambios constitucionales, éstos prácticamente serían irreversibles, toda vez que al eliminarse el carácter estratégico del sector y cancelar la disposición constitucional, México admitiría que cualquier diferendo en torno a las decisiones del sector se dirima en tribunales internacionales y no en instancias nacionales, como disponen las cláusulas del TLCAN.

Navarrete agregó que tanto en la iniciativa de reforma constitucional como en las disposiciones fiscales para el sector contenidas en la propuesta de Ley de Ingresos se desprende la pretensión de un paulatino desplazamiento de Pemex como eje rector de la producción petrolera. Se plantean dos regímenes fiscales, uno para las asignaciones directas de explotación, destinadas a la paraestatal, y otro para los contratos de utilidad compartida, con mayores garantías para las empresas privadas.

Prevén explotación a velocidad inadecuada

A su vez, el ex dirigente del PRD Pablo Gómez cuestionó los términos de la iniciativa porque los contratos de utilidad compartida implican que el Estado renuncia a desarrollar su ingeniería y que los pozos pueden ser explotados a velocidad inadecuada, ya que el control se encuentra en la empresa y el gobierno sólo supervisa para poder exigir los términos contractuales.

Aseguró que la idea central de la propuesta de Peña es que Pemex es incapaz de ir rápido a aguas profundas y de brindar al país un mayor excedente petrolero capaz de fortalecer las finanzas públicas. Aterriza en una reforma constitucional sólo porque las grandes trasnacionales lo exigen, ya que no se quieren arriesgar a que los contratos sean declarados nulos. Se quiere legalizar la ilegalidad a través de una reforma constitucional.

En los foros oficiales, Ernesto Marcos Giacoman, presidente la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, destacó la necesidad de modificar el entorno del sector energético mediante una reforma constitucional que permita hacer frente a la revolución energética que se ha producido en Estados Unidos y Canadá, que han incrementado 29 y 23 por ciento su producción en siete años, mientras México ha reducido la suya 23 puntos porcentuales.

Se pronunció por una apertura a la competencia en el sector mediante un régimen de contratos o licencias para el desarrollo de yacimientos no convencionales, especialmente de gas y petróleo.

Planteó la apertura a la inversión privada en los procesos de transformación y distribución, y liberar a Pemex de las onerosas obligaciones que le impone el monopolio estatal.