La Procuraduría Agraria (PA) otorgó ilegalmente tres mil hectáreas del ejido José María Morelos, ubicado en Tomatlán, Jalisco, al gobierno del estado y a la empresa Rasaland para la construcción del megaproyecto turístico Chalacatepec –de más de ocho mil habitaciones–, incluida una aeropista.

Para legalizar la acción, la autoridad agraria busca imponer a las autoridades ejidales y desobedecer acciones jurídicas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Superior Agrario y el amparo (711/2013) otorgado por el juzgado quinto de distrito en materia administrativa que impide la realización de cualquier obra en la zona, denunció Pedro León Corrales, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Este lunes, dijo, la delegación de la PA en Jalisco citó a los ejidatarios para que, en asamblea, aprueben la remoción del secretario propietario y se habilite a su suplente como nueva autoridad. Es difícil que se presente la mayoría de los 500 ejidatarios, pues varios ya fallecieron y otros están fuera de la región, por lo que no contará con el quorum legal; tampoco la convocaron el comisariado ejidal ni el consejo de vigilancia.

El ejido – colindante con la playa Chalacatepec y localizado al sur de Puerto Vallarta- ha sostenido una lucha por conservar sus tierras ambicionadas por los desarrolladores turísticos, que se aliaron con el entonces gobernador panista Emilio González Márquez, para llevar a cabo el megaproyecto. Al ejido, abundó, se le dotó de 12 mil 400 hectáreas en 1960 y, a finales de la década de los años 70, del siglo anterior, los campesinos empezaron a enfrentar a un grupo de propietarios privados que demandaban 300 hectáreas.

En 2006 y antes de que concluyera su mandato el gobernador Francisco Ramírez Acuña, la Secretaría de la Reforma Agraria otorgó 320 hectáreas del ejido al gobierno del estado, las cuales presuntamente ya había pagado a los ejidatarios. Las autoridades estatales y federales han hecho todo para favorecer dicho desarrollo de la empresa Rasaland, en el que también hay inversionistas españoles, explicó.

Refirió que en la reunión del 1º de octubre, en la que convocó la PA a los ejidatarios, las autoridades agrarias, violentando el amparo 711/2013 que prohíbe la construcción y adecuación de la carretera, impusieron acuerdos relativos a la construcción de la aeropista y ampliación de la carretera. En la reunión de este lunes se pretende habilitar al suplente del secretario propietario de las autoridades ejidales, para que emita la convocatoria para elegir a las nuevas autoridades ejidales el 14 de octubre. El fraude consiste en instalar la asamblea de elección de representantes ejidales, con el control del presidente ejidal y de la PA, alterar la lista de asistentes y llevar a cabo la elección para imponer a representantes y así favorecer el proyecto de Rasaland.

Explicó que el 17 de octubre concluye la gestión del actual comisariado ejidal y automáticamente entran en funciones los suplentes, pero la facultad de convocar a elecciones corresponde únicamente al consejo de vigilancia.