El seguro de desempleo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en su reforma hacendaria pone en riesgo la supervivencia del Infonavit, instituto que reduciría sus operaciones en 70 por ciento, con la consecuente disminución y encarecimiento de los créditos que otorga, se advierte en un estudio elaborado por senadores y diputados del sector obrero del PRI.

En el documento se advierte que es necesario buscar otras alternativas para financiar ese seguro de desempleo, de tal forma que el costo no recaiga sólo en los ingresos y prestaciones de los trabajadores, como se pretende, y menos aún en su fondo de vivienda, que es una vieja conquista obrera que no se puede canjear.

Se detalla que, según la propuesta gubernamental, a la cuota de 5 por ciento que aportan los patrones al Infonavit se le restará 3 por ciento para financiar el seguro de desempleo. De esa cifra, dos terceras partes irán a un fondo mixto, destinado para apoyar al trabajador que pierde su empleo, y la otra a un fondo solidario.

Este último capital se utilizará para financiar al resto de la población desempleada y será administrado por el gobierno federal.

Los legisladores priístas resaltan que al restarle 60 por ciento de la aportaciones patronales al Infonavit, éste sólo podrá funcionar al 30 por ciento o menos de su capacidad, y las pocas viviendas que pueda financiar serán más caras. Los trabajadores de ingresos menores a dos salarios mínimos difícilmente tendrán acceso a un crédito.

Mayor cartera vencida

Habrá un deterioro de las finanzas del instituto, un mayor número de acreditados en cartera vencida, menor movilidad habitacional y un daño a la industria de vivienda, se resalta en el documento, que sirve de base a los 49 diputados y tres senadores del sector obrero para argumentar en contra de la conformación del seguro de desempleo, como se propone en la reforma hacendaria y fiscal.

Quienes adquieran una casa con un crédito del instituto verán mermada su capacidad de compra por la reducción de su subcuenta de vivienda, o bien el plazo en que pagarán su crédito crecerá entre 15 y 20 por ciento, se detalla.

Se dan ejemplos: “De acuerdo con el portal del Infonavit, un crédito otorgado por 210 mil pesos, con pago puntual, se terminaría de cubrir en 12 meses, pero en el caso de tomar el seguro de desempleo, el plazo se alargará hasta 30 meses y la deuda rebasaría los 350 mil pesos.

En ese análisis, los legisladores del sector obrero del PRI advierten que se resta a los trabajadores la posibilidad de acceder a una vivienda del Infonavit, por un seguro de desempleo que sólo se podrá recibir una vez por cada cinco años, por un periodo máximo de seis meses, luego de haber cotizado al mismo por lo menos 24 meses y no recibir otros ingresos económicos, como pensión o jubilación.

Para recibir ese seguro de desempleo, además de los anteriores requisitos, se requiere haber permanecido sin ocupación por lo menos 45 días. Los seis pagos mensuales serán diferenciados. El primero, de 60 por ciento del salario integrado promedio de las últimas 24 cotizaciones ante el IMSS; un segundo de 50 por ciento, y los cuatro restantes de 40 por ciento.

Si el desempleado tiene un crédito de vivienda, no tendrá acceso al pago máximo y su seguro sería de un solo salario mínimo de mil 948 pesos mensuales.

Mantienen acuerdo para acotar el IVA; hoy se prevé que concluyan el dictamen respectivo

Roberto Garduño

La mesa directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, representantes de los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD, las dirigencias nacionales de esos partidos y funcionarios de la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda dieron seguimiento a la negociación paralela para modificar la propuesta fiscal y hacendaria del Ejecutivo federal y tener listo el dictamen, que sería aprobado por el pleno a mediados de la próxima semana.

Una vez que los partidos y Hacienda sacaron de San Lázaro la negociación del paquete de leyes fiscales y recaudatorias y la llevaron a las oficinas de la dependencia federal, hasta ayer se había decidido retirar las propuestas de aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a colegiaturas y renta o venta de casas habitación; mantener el gravamen de 7.5 de impuesto sobre ganancias a las compañías mineras; el de aplicar un peso por litro en bebidas azucaradas, y abrir la posibilidad de que el precio de barril de petróleo compense la caída en la recaudación por un monto de 40 mil millones de pesos aproximadamente.

Los participantes en los encuentros continuaron formalizando acuerdos para presentar este domingo a la Comisión de Hacienda –que tiene una reunión programada a las 18 horas– un dictamen casi concluido.

En horas recientes, en las negociaciones se han abordado cambios a la propuesta de reforma a Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación, que facilitarían aún más la operación de ese sector en el país.

Gobierno y partidos argumentan que se permitirá contar con un marco normativo claro y transparente, implementando el uso de medios tecnológicos para que se promuevan las importaciones y exportaciones; se impulse la apertura para los usuarios del comercio exterior, y se establezca el intercambio de información entre autoridades de forma ágil, mediante sistemas electrónicos. Lo anterior permitirá posicionar a México como un país altamente competitivo, beneficiando el intercambio comercial y la economía nacional.

Se afirma que las medidas propuestas en la iniciativa no conllevan sólo un propósito recaudatorio, ya que parte de éstas operan mediante reglas de carácter general que facilitarían y simplificarían los procedimientos aduaneros.

Simplificación administrativa

En cuanto al Código Fiscal de la Federación, se propone introducir nuevos procedimientos simplificados que estimulen la incorporación de la informalidad a la formalidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, se otorgan facilidades para que los contribuyentes se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes a través de Internet, y se establece la figura del buzón tributario, mediante el cual los contribuyentes podrán interactuar e intercambiar en tiempo real información, notificaciones, datos y toda clase de documentos con la autoridad fiscal, vía electrónica, con el consecuente incremento de la eficacia en sus gestiones, así como ahorro de tiempo y dinero.

Para evitar que los contribuyentes evadan el pago de obligaciones e impuestos, se acordó aceptar la cláusula antielusión, que promueve la aplicación estricta de la ley y otorga una herramienta que ayudará a la autoridad a perfeccionar su ejercicio.

Las autoridades fiscales podrán contar con la información que los cuentahabientes proporcionen a las entidades financieras, y de esta manera obtener datos adicionales que faciliten su localización, como sería su domicilio, a efecto de que el Servicio de Administración Tributaria tenga facultades legales para practicar actos de fiscalización en dichos lugares.

Además, se aceptó reformar el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para precisar que las tarjetas de crédito y de débito constituyen un medio adicional de pago de contribuciones.