Los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas rindieron protesta ante el pleno del Senado, con el fin de integrarse a sus cargos. Julio Hernández Barros –quien fue asesor jurídico del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia– dijo que aun cuando no cuentan con oficinas, presupuesto ni recursos humanos, iniciaron trabajos de inmediato.

Después de que rindieron protesta los comisionados Adrián Franco Cebada, Susana Thalía Pedroza, Sergio Jaime Rochín, Carlos Ríos Espinosa, María Olga Noriega, María del Rosario Torres Mata y Hernández Barrios, en entrevista este último manifestó: espero que haya sensibilidad de las autoridades para facilitarnos nuestro trabajo y nos proporcionen instalaciones, personal, recursos administrativos y presupuesto.

Agregó: podríamos trabajar en oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en las instalaciones de Pro Víctima o en oficinas de la Secretaría de Gobernación. Pero vamos a trabajar ya.

Se preguntó al comisionado Hernández Barros: ¿a partir de qué información empezarán el registro nacional de víctimas? Respondió que van a depurar las que se han dado a conocer por organizaciones civiles y dependencias de gobierno.

Por ejemplo, tenemos algunas listas en materia de desapariciones forzadas que tiene la Secretaría de Gobernación, y otras que tienen las comisiones de Derechos Humanos, la Nacional y algunas estatales.

Hay otras informaciones, explicó, como las de casos de homicidios, que tienen la PGR y procuradurías de los estados.

También hay delitos de los que se carece de información, y si no sabemos cuántos desaparecidos y cuántos muertos tiene México, menos sabemos cuántas personas han sido asaltadas y cuántas violadas.

Manifestó que el único límite para elaborar el registro de víctimas será la prescripción del delito. Precisó que en el caso de las desapariciones forzadas no hay prescripción, por lo cual pensamos sacar el rezago que hay.

Hernández Barros apuntó que a pesar de que no cuentan con presupuesto ni infraestructura para iniciar el registro nacional de víctimas, podrían trabajar en el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Plataforma México, con la debida seguridad y el manejo de autonomía de datos.